El juez del caso de Benita del Valle ratifica que Clara Campoamor y ADAVASYMT deben pagar fianza para ser acusaciones

VALLADOLID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, encargado del caso de Benita del Valle, la vallisoletana de 49 años que en la madrugada del 28 de febrero al 1 de marzo fue, presuntamente, matada por su ex marido y posteriormente troceada y arrojados sus restos al río en la capital, ha ratificado su decisión de imponer a la Asociación Clara Campoamor y la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos (ADAVASYMT) la obligación de depositar sendas fianzas de 12.000 euros para poder personarse en la causa como acusaciones populares.

El primero de ambos colectivos, de ámbito nacional y con sede en Palencia, y el segundo, radicado en Valladolid, habían presentado escrito con el fin de ejercitar acciones, en calidad de acusaciones populares, contra el presunto homicida, si bien el juez encargado del caso había supeditado tal posibilidad al abono de las referidas fianzas.

La resolución había sido recurrida en reforma ante el propio instructor por ambas asociaciones, aunque el juez de Instrucción 5 ha acordado ahora desestimar sus recursos y ratificar tal medida, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. Sin embargo, los dos colectivos han presentado ahora recurso ante la Audiencia de Valladolid para que les permita personarse en el proceso sin necesidad de depositar fianza alguna.

Quienes sí figuran ya como parte son el fiscal, en calidad de acusación pública; los cuatro hijos del matrimonio, representados por dos abogadas y que ejercen como acusadoras particulares, así como la Administración central por expreso deseo de la Delegación Especial del Gobierno Contra la Violencia de Género, que también figura como acusación particular, y el abogado defensor del supuesto autor del delito.

En los hechos, que se tramitarán por la Ley de Jurado, figura como imputado Eugenio R.R, de 53 años, al que se acusa de estrangular a su ex esposa en la madrugada del 28 de febrero al 1 de marzo. Al día siguiente del homicidio acudió con normalidad a trabajar y ya por la noche, tras haber mantenido el cadáver durante 24 horas en el domicilio familiar, sito en la calle Mirlo, utilizó herramientas que cogió del taller, en concreto una sierra y un cuchillo de grandes dimensiones, para descuartizarlo y arrojarlo en varias bolsas al río Pisuerga para no ser descubierto.

La aparición de parte de los restos semanas después en distintos términos municipales de Valladolid, hasta donde fueron arrastrados por la corriente del río, hizo finalmente que el presunto responsable se entregara a la Policía Nacional el día 9 de mayo y confesara la autoría del crimen. Tres días más tarde ingresaba en el Centro Penitenciario de Valladolid, donde sigue preso a la espera de juicio.

Antes de que el presunto responsable se entregara, otros indicios habían estrechado también el cerco sobre el acusado puesto que, junto al hallazgo de parte del cadáver, él mismo presentaba arañazos en el cuello y además la policía había hallado restos de sangre en uno de sus vehículos, así como el sumidero del patio de la vivienda, una habitación y una alfombra del comedor.

Las primeras investigaciones parecen descartar que el crimen guarde relación con un ataque de celos, ya que los ex cónyuges, con sentencia firme de divorcio desde febrero del presente año, hacían vidas separadas y sólo compartían el piso a la espera de venderlo para realizar la correspondiente liquidación.