MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
El titular del juzgado de instrucción número 9, Elpidio José Silva, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que investiga la querella que interpuso en su contra la Fiscalía por presunta prevaricación en la instrucción del 'caso Blesa', según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Silva ha vuelto este lunes por tercera vez al Tribunal Superior de Justicia para declarar por las supuestas irregularidades cometidas en la investigación que abrió contra el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa y el ex jefe de la patronal Gerardo Díaz Ferrán. En las dos ocasiones anteriores, solicitó más tiempo para estudiar la causa.
En su comparecencia, Silva ha explicado al magistrado instructor Jesús Gavilán que no se daban las condiciones oportunas para declarar al no haber tenido tiempo para analizar los más de 8.000 correos corporativos de Caja Madrid de los que se les dio traslado el pasado jueves. Acto seguido, se ha efectuado un receso de una hora para que examinara los e-mails.
Tras ello, el compareciente se ha acogido a su derecho a no declarar y la Fiscalía y las acusaciones han dado lectura a las 25 preguntas que el instructor ha considerado pertinentes. El fiscal Superior de Madrid, Manuel Moix, ha centrado su intervención en si era suya la firma que figuraba en los autos del 'caso Blesa'.
Tras permanecer cuatro horas en el interior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Silva se ha encontrado a la salida con el apoyo de una veintena de afectados por la comercialización de participaciones preferentes por parte de Bankia, que coreaban 'Silva es inocente y Blesa un delincuente" mientras pedían Justicia.
Ataviados con camisetas verdes del color corporativo de la entidad financiera, los congregados portaban pancartas exigiendo la dimisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y exhibiendo chorizos de mentira.
El magistrado Jesús Gavilán ha aplazado al jueves el interrogatorio en calidad de testigos de Blesa y su abogado, Carlos Aguilar, por los perjuicios que la actuación de Silva les pudo ocasionar.
Por otra parte, la Sala de lo Civil y Penal tiene pendiente de decidir sobre el escrito de Manos Limpias --sindicato que impulsó el caso Blesa-- pidiendo su personación a este procedimiento y la nulidad de actuaciones. Esta pretensión fue rechazada por el instructor de la querella.
QUERELLA DE LA FISCALÍA
La querella presentada por la Fiscalía de Madrid se refiere a delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y delitos contra la propiedad individual que habría podido cometer en varias decisiones sobre la investigación del crédito a Gerardo Díaz Ferrán y la compra del City National Bank de Florida, entre ellas la de enviar a Blesa a prisión incondicional el pasado 5 de junio. Silva se enfrenta hasta 40 años de inhabilitación.
La Audiencia Provincial de Madrid anuló el pasado 19 de junio la instrucción realizada por el juez Silva por el tema del crédito al considerar que el magistrado había convertido indebidamente el proceso contra Miguel Blesa en una "causa general en busca de los responsables de la crisis económica que atravesamos y su castigo". Dejó abierta sin embargo la puerta a que se sigan investigando los hechos relacionados con el City National.
En su querella, la Fiscalía argumenta que Elpidio Silva cometió un delito de prevaricación porque adoptó diversas resoluciones "que no pueden ser explicadas mediante ninguna interpretación razonable efectuada con los métodos usualmente admitidos en Derecho", imponiendo de esta forma "su propia voluntad y criterio sobre la interpretación racional de la ley".
En este sentido, la Fiscalía repasa las decisiones del juez para la reapertura de las actuaciones contra Blesa por la concesión del crédito a Díaz Ferrán, dos años después de haber acordado su sobreseimiento y sin que durante ese periodo hubiera aparecido "nada nuevo que lo justificase".
La Fiscalía considera así "ilógico e improcedente" el modo por el que Elpidio Silva reabrió el caso, justificando su "arbitraria decisión" en razón a criterios como la alarma social derivada de la crisis económica mundial y la implicación en la misma de las entidades financieras.
El Ministerio Público se querella además contra el magistrado por retardo malicioso por no dar trámite hasta dos meses después a los recursos interpuestos contra el secreto de las actuaciones acordado "con el fin de impedir a las defensas acceder al procedimiento", sin que a su juicio existiera "motivo legal alguno" para adoptar la medida.
La Fiscalía también denuncia al juez por dos delitos contra la libertad individual en los dos autos en los que dictó prisión para Blesa, el primero de ellos bajo fianza de 2,5 millones de euros y el segundo sin fianza.
La querella argumenta que el magistrado adoptó esta medida contra Blesa a instancias únicamente del sindicato Manos Limpias, que justifica que no tenía condición de parte para realizar la petición, y aporta un auto que estableció la inadmisión de su personación como acusación particular por no tener la consideración de perjudicado en proceso.