La juez cita como testigos a seis de los integrantes de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra

PAMPLONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha llamado a declarar como testigos a seis cargos políticos que fueron miembros de la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra, un órgano consultivo que surgió tras la despolitización de la entidad.

En concreto, los citados como testigos son el presidente del Parlamento, Alberto Catalán; el secretario general del PSN, Roberto Jiménez; el consejero de Educación del Gobierno, José Iribas; los parlamentarios de UPN Carlos García Adanero y Javier Caballero, y el parlamentario socialista Samuel Caro.

También formaron parte de este órgano la presidenta Yolanda Barcina, el expresidente Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, el exconsejero Álvaro Miranda y la concejal de UPN en Pamplona Ana Elizalde. Ésta última no ha sido llamada como testigo.

La Junta de Entidades Fundadoras era un órgano consultivo sin poder ejecutivo, en el que sus asistentes cobraban dietas por asistir a las reuniones. En varias ocasiones celebró triples sesiones en un mismo día con triple dieta.

Cabe recordar que además existió la Comisión Permanente de la Junta de Entidades Fundadoras, un órgano más reducido en el que también se cobraban dietas y al que pertenecían cuatro cargos: la presidenta del Gobierno, Yolanda Barcina; el expresidente Miguel Sanz, el exconsejero Álvaro Miranda, y el alcalde de Pamplona, Enrique Maya.

Los tres últimos han sido imputados por la juez. La presidenta es un cargo aforado que sólo puede ser investigado por el Tribunal Supremo.

La juez que instruye el caso señaló en un auto hecho público en marzo que "no existe una norma que regule la llamada 'Permanente' hasta que no es regulada de forma expresa en el Reglamento de Organización y Funcionamiento Interno de la entidad, aprobado el 24 de junio de 2011, cuando esas reuniones venían celebrándose y esas dietas cobrándose desde el 31 de agosto de 2010".

En aquel auto, la juez señalaba que algunas de las reuniones de la Permanente "tenían por objeto únicamente darse por enterados de que no había habido ningún acuerdo nuevo por parte de los órganos de gobierno de la entidad, y que en todo caso se limitaban a informar, sin ningún tipo de participación activa por parte de sus integrantes, que únicamente se daban por enterados".

La juez consideraba que "el pago y cobro" de estas cantidades "podría constituir un delito de cohecho, que es consustancial al delito de prevaricación por omisión".

DEVOLUCIÓN DE LAS DIETAS

Tras la polémica suscitada por el cobro de dietas en reuniones dobles y triples, algunos de los cargos decidieron devolver las dietas. De los miembros de la Junta de Entidades Fundadoras citados ahora como testigos, optó por devolverlas el consejero José Iribas, en concreto los 29.189 euros que ingresó por acudir a estas reuniones.

También los devolvieron la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina (68.553 euros por acudir a la JEF y a la Permanente), Enrique Maya (12.019 euros por asistir a los dos órganos) y Ana Elizalde (5.141 euros por las reuniones de la JEF). Miguel Sanz devolvió lo cobrado por asistir a la Permanente (39.028 euros) y no las dietas de la JEF.

Tampoco devolvieron las dietas que ingresaron por asistir a la Junta de Entidades Fundadoras Alberto Catalán (34.340 euros), Carlos García Adanero (34.340 euros), Javier Caballero (29.189 euros), Roberto Jiménez (34.340 euros) ni Samuel Caro (34.340 euros).