MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado ya a la Sala de lo Penal la causa por la campaña de extorsión de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) y el sindicato Manos Limpias para que fije la fecha del juicio, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Aunque el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ya emitió el pasado verano el auto de apertura de juicio oral, no ha sido hasta ahora que lo ha enviado a la Sección Cuarta --la encargada de enjuiciar los hechos--, ya que estaban pendientes de resolución algunos recursos presentados por los acusados, según las fuentes consultadas.
La Fiscalía pide para el expresidente de Ausbanc Luis Pineda 118 años y 5 meses de cárcel y para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, 24 años y 10 meses por liderar una campaña de extorsión en los medios de comunicación contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.
El Ministerio Público imputa a ambos delitos de organización criminal y extorsión y en el caso de Pineda --en prisión preventiva desde abril de 2016-- añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros.
Para la que fuera abogada de la acusación en el 'caso Nóos', Virginia López Negrete, solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión. El fiscal, que además reclama la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias, dirige su acusación contra ocho personas más, para los que solicita penas que oscilan entre los 16 y los 66 años y 10 meses de prisión.
AMENAZAS A BANCOS Y EMPRESAS
En el auto de procesamiento, cuya argumentación fue acogida en gran parte por la Fiscalía, se relata cómo Pineda ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones y de las cuotas de los asociados adheridos, es decir, los que no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc.
El Ministerio Público establece una estructura de la organización en cuya cúspide sitúa a Pineda por ser el encargado de buscar financiación y ocultarla bajo presuntos convenios publicitarios a cambio de publicidad favorable en sus revistas. También la conseguía negociando con entidades bancarias a cambio de no presentar potenciales demandas contra las mismas.
Estas actuaciones contaron desde 2012, según el escrito del fiscal, con el beneplácito del entonces secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, financiando para ello al sindicato.
En el marco de la investigación se conoció también cómo Pineda se llegó a poner en contacto con el abogado de la Infanta Cristina, Miquel Roca, para recordarle que había pedido a La Caixa, empresa donde trabajaba la hermana del Rey, que ayudara económicamente a la empresa de seguridad LPM por la "grave situación financiera" que atravesaba.
Según el Ministerio Público, de toda esta estrategia era conocedora la abogada López Negrete, quien dirigía la acusación popular de Manos Limpias en el 'caso Nóos', en el que acabó acusada la Infanta.
