Entre ellos el jefe de Gabinete, Nicolás Mateos; la jefa de prensa, Eva Cuesta; y la exsubsecretaria de Defensa Irene Domínguez-Alcahud
MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, María de las Mercedes Pérez Barrios, ha citado a declarar mañana Nicolás Mateos, jefe de Gabinete de la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, por la adjudicación de un contrato de publicidad relacionado con el Plan de Vivienda 2009-2012 a la empresa de comunicación Crespo Gomar, la agencia de comunicación que facturó servicios para el PSOE valenciano (PSPV), por el importe de 126.208 euros.
Para este mismo día, y por el mismo contrato público, también ha sido citadas a declarar la que fuera jefa de prensa del Ministerio, Eva Cuesta, y a la que ejerció como abogada de Estado del Ministerio de Vivienda y exsubsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud.
La juez Pérez Barrios también había llamado a comparecer al exsubsecretario del Ministerio y expresidente la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), Marcos Vaquer; pero finalmente su declaración se ha suspendido, según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press. Este investigado solicitó que su defensa sea ejercida por la Abogacía del Estado, pues los hechos por los que se analizan tuvieron lugar cuando trabajaba para dicho departamento.
La magistrada, que remitió a la Fiscalía esta cuestión para que informe sobre la procedencia de aceptar esta petición, volverá a acordar su comparecencia una vez se resuelva quién debe ejercer la defensa de Vaquer.
Según un auto al que ha tuvo acceso Europa Press, la juez instructora acordó investigar al equipo de Beatriz Corredor y a otras tres personas por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación, después de interrogar el pasado 11 de mayo a tres funcionarios del Ministerio de Vivienda, que señalaron que los errores que aparecen en el expediente, y que según un informe pericial hace que sea "incoherente", son "fallos de redacción".
UN PERITO AFIRMÓ QUE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN ERA "INCOHERENTE"
El perito remitió un informe al Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, cuando arrancó la investigación por la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc --partido mayoritario en Compromís-- antes de inhibirse al juzgado madrileño, en el que concluyó que la cronología de hechos recogida en el expediente de contratación 'Realización de la creatividad y producción de la campaña de publicidad institucional para difundir los contenidos del Plan de Vivienda 2009-2012', resulta "incoherente e imposible".
Según explicó, el informe técnico está fechado el 11 de diciembre y que esa mismo día se reúne la Mesa de Contratación que propone adjudicar provisionalmente el contrato a Crespo Gomar. La adjudicación provisional se hizo el día 15 de diciembre y se propuso para la definitiva el 29 de diciembre, día en que se fiscaliza y adjudica.
El contrato aparece firmado ese mismo día y sigue apareciendo el plazo de ejecución con fecha de 31 de diciembre. Además, al experto le llama la atención en el hecho de que el Abogado del Estado, que entró al Ministerio el 7 de enero, bastanteó el poder para formalizar dos días antes; mientras que en el contrato se dice que este trámite tiene fecha del 29 de diciembre.
RECHAZA LA "URGENCIA" DE LA ADJUDICACIÓN
Este informe cuestiona que el director del gabinete de Corredor, que redactó o firmó el Pliego de Prescripciones técnicas para la realización de la creatividad de la publicidad, declarase la licitación como "urgente". Para el perito, "más que una urgencia parece una imprevisión", pues ni prevé la duración del mismo y sólo se señala que deberá ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2008 y añade que el informe del Interventor Delegado en el Ministerio señaló que no se cumplía la motivación requerida por la ley en casos de urgencia.
La juez Pérez Barrio señala en su auto que Marcos Vaquer, entre otras actuaciones, suscribió el Informe de insuficiencia de medios, firmó junto a Eva Cuesta el contrato de adjudicación de fecha de 29 de diciembre, el acta de recepción del 30, el certificado de conformidad con la factura y contabilidad de la misma.
Por otro lado, señala que Cuesta fue convocada como vocal a las Juntas de la Mesa de Contratación del 27 de noviembre y a las tres que hubo en diciembre, a las que no compareció. En cuanto a Domínguez-Alcahuz dice que acudió a las cuatro reuniones.
La ronda de citaciones continuarán el día 30 de mayo con las comparecencias de Eva Santiago, que acudió a las reuniones en lugar de Eva Cuesta y realizó la valoración técnica junto a Beatriz Tejada; de Pedro Plasencia, que asistió a la reunión realizada el 5 de diciembre; y de Rita Lorite y Andrés Lara que presenciaron las juntas celebradas el 29 de diciembre.
LA MESA DE CONTRATACIÓN
El informe pericial destaca que en el expediente no consta el nombramiento de los miembros de la mesa de contratación. En este caso, indica que hay "una inobservancia grave en cuanto a la composición y funcionamiento de la mesa en diversas sesiones y las sustituciones de algunos de ellos cuya presencia no se acredita".
Los miembros de la Mesa de Contratación que ya declararon como investigados --la presidenta Rosario G.V.; la secretaria Sandra S.F.; y el vocal e interventor que supuestamente autorizó el pago, José María A.G.-- reconocieron ante la juez que valoraron positivamente la oferta que presentó Crespo Gomar, que era la más económica pero no la mejor desde el punto de vista técnico.
Este juzgado madrileño abrió esta investigación después de que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, que comenzó a investigar la presunta financiación irregular del PSPV y Bloc --partido mayoritario en Compromís-- entre los años 2007 y 2011, se inhibiese a su favor por los presuntos delitos de malversación y prevaricación. También incoó diligencias el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid por otro concurso de publicidad adjudicado a Crespo Gomar por parte del Ministerio de Sanidad en 2008.
LA INVESTIGACIÓN SE INICIÓ EN VALENCIA
El juzgado de Valencia arrancó la investigación por los delitos prevaricación, malversación y electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía Nacional sobre una supuesta financiación irregular de los partidos políticos entre los años 2007 y 2011. Los investigadores explican que la sociedad Crespo Gomar --que tuvo como presidente a Alberto Gomar, el hijo del ex teniente alcalde del Ayuntamiento de Gandia-- facturó servicios al PSPV de cuyos pagos se hacían cargo otras empresas, fundamentalmente constructoras, mediante una presunta falsificación de facturas.
Tras la práctica de distintas diligencias y con el informe favorable de la Fiscalía, el juzgado valenciano se declaró "no competente" para proseguir con la instrucción al descartar que los hechos indiciariamente delictivos se hubieran cometido en el partido judicial de Valencia, por lo que se inhibió a favor de juzgados de Gandia, Benidorm y Madrid, descartando el delito electoral por posible prescripción.
