Publicado 17/12/2021 11:06CET

El juez que investiga el asesinato de Gregorio Ordóñez decidirá el martes sobre las cautelares contra 'Mikel Antza'

Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional
Archivo - Entrada a la Audiencia Nacional - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

Dignidad y Justicia pide que se le prohíba salir de España porque el riesgo de fuga es "muy alto"

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha accedido a estudiar la imposición de medidas cautelares al ex jefe de ETA 'Mikel Antza' inmediatamente después de la declaración como investigado que prestará el próximo martes por el asesinato en 1995 del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez, atendiendo así la petición de Dignidad y Justicia, que solicita que se le prohíba salir de España al apreciar un riesgo de fuga "muy alto".

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, que el pasado lunes acordó tomar declaración a 'Mikel Antza' el 21 de diciembre, ha decidido que, "para no causar indefensión al inculpado", la comparecencia para resolver sobre la adopción o no de las medidas cautelaras planteadas tendrá lugar después del interrogatorio judicial, según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

La Asociación Dignidad y Justicia pidió el pasado martes al juez que interrogara igualmente al también ex jefe de ETA 'Iñaki de Rentería' y que impusiera medidas cautelares contra ambos, en concreto, la prohibición de salida del país y su comparecencia cada quince días en la Audiencia Nacional, aprovechando que se encuentran en España y han excedido "voluntariamente" los 45 días de permanencia en el territorio, lo que permite proceder de este modo.

La acusación popular indica que "tiene fundadas sospechas" de que "el riesgo de fuga es verdaderamente muy alto" en ambos casos. "En estos momentos, nada impediría que cualquiera de estos dos investigados aludidos pudiesen abandonar sin más el territorio nacional de un momento a otro y sin ninguna dificultad", sostiene.

Dignidad y Justicia alega, en primer lugar, que tanto Rentería como Antza fueron jefes de ETA, "no terroristas cualquiera", lo que hace que tengan "extraordinarios antecedentes penales".

Además, recuerda "la gran cantidad de miembros de ETA que aún permanecen huidos en Iberoamérica, donde ETA conserva aún importantes estructuras de apoyo para facilitar la huida de la Justicia, y donde hay claras imposibilidades, de hecho y de derecho, para su efectiva extradición a España en alguno de tales países".

Asimismo, subraya "la especial atención con la que el colectivo de ex miembros de ETA (EPPK) está siguiendo todo este nuevo impulso y nuevos planteamientos jurídicos en la persecución de los casos de impunidad, como el que aquí nos ocupa en relación a los miembros de la ZUBA".

"El propio colectivo de presos EPPK ha venido a reconocer hace breves días en medios nacionales su especial 'preocupación' a este respecto (...) Es decir, ellos mismos identifican causas como esta como un peligro muy concreto y muy real, tanto para presos como para personas que han salido en libertad, como los dos investigados", recalca Dignidad y Justicia.

AUTORES INTELECTUALES

La asociación señala a Antza como el jefe de ETA que puso a Ordóñez en el punto de mira para asesinarlo. En 2015, el anterior titular de dicho juzgado, Santiago Pedraz, atribuyó la autoría intelectual de este crimen a Antza, Rentería y los también miembros de la antigua cúpula etarra Julián Achurra Egurola, alias 'Pototo'; José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri'; y Juan Luis Aguirre Lete, 'Insuntza'.

La Audiencia Nacional condenó a Juan Ramón Carasatorre, apodado 'Jon' y 'Zapata', Javier García Gaztelu, 'Txapote', y Valentín Lasarte como autores materiales del atentado cometido contra el concejal vasco, a quien dispararon cuando se encontraba almorzando en un bar de la capital donostiarra con la entonces secretaria del Grupo Popular, María San Gil, y otros dos colaboradores.

Dignidad y Justicia se concentrará el próximo martes frente a la Audiencia Nacional para recordar la memoria de Ordóñez y de todas las víctimas del terrorismo que tienen sus asesinatos sin resolver, un total de 375, según sus cálculos.