Un juez investiga si unas fumigaciones en la prisión de Quatre Camins de Barcelona causaron abortos a funcionarias

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 2 de Granollers (Barcelona) investiga si unas fumigaciones con productos tóxicos en la prisión de Quatre Camins de Barcelona causaron varios abortos y malformaciones a los hijos recién nacidos de siete funcionarias, según informó hoy en un comunicado el bufete de abogados que está llevando el caso, Instructa.

El Juzgado de Granollers ha admitido a trámite una querella criminal interpuesta por siete funcionarias de prisiones de este centro penitenciario contra la subdirectora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Conselleria de Justicia --que ya ha declarado ante el juez--, una ex coordinadora del Servicio de Prevención de Riesgos y un director de servicios, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, lesiones y aborto, según avanzó hoy 'El Periódico'.

Un informe médico pericial, a instancias de las afectadas, establece la posible relación de causalidad entre los hechos denunciados y los efectos sobre los fetos y la salud de las funcionarias. El proceso penal se encuentra en fase de instrucción.

Las funcionarias ya comunicaron a la Inspección de Trabajo en 2002 la existencia de "numerosos" casos de niños que nacían con malformaciones, y que había algunas de ellas que habían sufrido abortos.

Trabajo realizó entonces varias inspecciones que pusieron de manifiesto, según Instructa, "la existencia de graves incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales", ya que las funcionarias no recibieron ningún tipo de formación en esta materia.

El informe constató que los riesgos a los que estaban sometidos las funcionarias eran "muy graves", debido a unas fumigaciones con productos tóxicos --clorpirifos y bendiocarbo, entre otros-- de forma periódica e indiscriminada, sin ningún tipo de precaución ni aviso previo, en lugares donde las condiciones de ventilación era "muy deficientes", y donde se añadían los efectos de los arcos de control de metales.

El informe concluye que no había una evaluación de riesgos laborales del centro de trabajo que cumpliera con los requisitos legales, que no se habían realizado investigaciones de la Conselleria, y que no se hacía el seguimiento de la salud de las funcionarias.

El comunicado asegura que hay más funcionarias afectadas además de las siete que han interpuesto la querella, y que, actualmente, cuando una funcionaria del centro se queda embarazada, pide la baja laboral durante todo el embarazo por precaución.