Rechaza de nuevo imputar en la causa a Cifuentes, Aguirre, González y otros cargos del PP como pedía el exdirigente regional
MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón volverá a tomar declaración al exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados en relación con las piezas en la trama Púnica de la presunta financiación ilegal de la formación popular en Madrid y de la empresa pública Arpegio.
Así lo acuerda el magistrado instructor en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press en la que, aunque no fija todavía fecha, accede a la petición formulada por el exconsejero regional al tratarse de dos piezas que se encontraban bajo secreto cuando prestó declaración el pasado año.
Sin embargo vuelve a rechazar por el momento citar en calidad de investigados a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, su sucesor en el cargo Ignacio González, la actual mandataria regional Cristina Cifuentes y la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, tal y como solicitó su defensa en el escrito remitido al juez el pasado mes de octubre. En el mismo pedía también la imputación en la causa de cerca de una quincena de cargos del PP madrileño.
El magistrado García Castellón le responde que la citación en calidad de investigado "no es una cuestión baladí" y que en modo alguno se justifica, ni en su escrito ni en el momento actual de la investigación que dirige, adoptar las decisiones que formula la representación procesal de Francisco Granados. Le recuerda además que será el resultado de las diligencias que se siguen practicando en este momento de la instrucción las que determinen el devenir de sus actuaciones.
Granados, que en un primer momento solicitó que sus excompañeros de filas declararan en calidad de testigo, formuló su solicitud a tenor de los últimos interrogatorios practicados por el juez al exviceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Miguel Ángel Ruiz y del empresario Marcelino Elosúa sobre las presuntas irregularidades cometidas en las empresas Prisma y Arpegio.
RECHAZA EL 'CAREO' CON MARJALIZA
En el caso de Aguirre, cuya imputación ha solicitado en más ocasiones, entiende que es "imprescindible" que se le investigue por el contenido del informe de la Guardia Civil que obra en el sumario de la causa acerca de la financiación de los gastos de campaña de las elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid de los años 2007 y 2011 y las elecciones generales del año 2008.
En lo que respecta a su petición de 'careo' con el presunto cerebro de la trama Púnica el empresario David Marjaliza, el magistrado instructor rechaza la petición porque "no aportaría ningún elemento significativo" a la investigación vigente sobre adjudicaciones públicas en localidades madrileñas a cambio del presunto cobró de dádivas.
Sobre las testificales, el juez le pide que detalle los motivos por los cuáles formula esta petición para más de una decena de personas, entre ellas la actual presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, la consejera de Economía, Engracia Hidalgo, y los concejales del Ayuntamiento de Valdemoro.
GRANADOS PIDE LA NULIDAD DEL AUTO
En respuesta, el letrado del principal acusado expone en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press que pide la imputación de los arriba mencionados (además del exviceconsejero Borja Sarasola, el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y los exconsejeros Lucía Figar e Ignacio Echeverría) en base a los cargos que han ostentado durante los años que son objeto de investigación y "por posibles competencias inherentes al cargo".
¿Por qué a mi representado se le pretenden imputar responsabilidades por ser secretario de campaña, y para los otros, que han ostentado la misma carga, esto no vale?", se pregunta su letrado que denuncia que la batería de diligencias solicitadas no se hacen "caprichosamente" sino para esclarecer los hechos que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y por tanto "no son impertinentes ni perjudiciales".
El acusado pide que se declare la nulidad del auto del magistrado por vulnerar el derecho de defensa y de tutela judicial efectiva de Granados e insiste en que adopte las diligencias formuladas en los escritos remitidos al instructor los pasados 5 y 20 de octubre.
La Audiencia Nacional condenó el pasado 4 de diciembre a Granados y al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino a dos años de prisión y a un año y medio al agente en excedencia José Luis Caro Vinagre por el 'chivatazo' que el primero dio al político en septiembre de 2014 durante las fiestas patronales de Valdemoro de que la Unidad Central Operativa (UCO) le investigaba a él y su exsocio Marjaliza. Se trata de la primera pieza de las catorce que forman la trama Púnica en ser juzgada.
