VALENCIA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La titular del juzgado de instrucción 21 de Valencia tomará declaración a lo largo del este viernes a los 14 detenidos que van a ser puestos a su disposición en el marco de la investigación abierta por un supuesto fraude de subvenciones del Consell a la cooperación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un comunicado, en el que ha recordado que la causa sigue bajo secreto.
En la causa se investigan subvenciones otorgadas por la extinta Consejería de Solidaridad a distintas fundaciones. La primera de las detenciones conocidas este jueves fue la del director general de Integración y Cooperación de la Consejería de Justicia y Bienestar Social, Josep María Felip, que anteriormente dependía del departamento de Solidaridad, dirigido por el actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco. A Felip se le imputan los delitos de malversación de fondos públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental.
Fuentes conocedoras del procedimiento han apuntado que entre los detenidos se encuentran responsables de diversas ONG como el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López; el director de la Fundación Hemisferio, Arturo Tauroni Masia y su hermano César Augusto; Marc Llinares Picó, destinado en el Servicio de Innovación y Planificación Estratégica de la Consejería de Hacienda y anteriormente a las órdenes de Felip en el área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad; y Fernando Cañete Marco, presidente de Sistemas Inelme y de la empresa Air Services Management, constituida en octubre de 2008 y en la que figura como consejero Augusto César Tauroni.
Asimismo, se encuentran otros dos responsables de organizaciones no gubernamentales como el presidente de Esperanza Sin Fronteras, Fernando Darder, y la presidenta de ASA de África, Christine Bernadette. Igualmente en la causa figura como imputado el subsecretario de la Consejería de Sanidad, Alexandre Catalá Bas, que anteriormente ocupó este mismo cargo primero en la Consejería de Inmigración y Ciudadanía y más tarde en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, dirigidas por el exconsejero Rafael Blasco.
DOS CESES
El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, tras tener conocimiento de estos hechos, anunció el cese tanto de Catalá como de Felip, ya que se han generado "dudas" sobre la utilización de los fondos que tenía que destinarse a cooperación al desarrollo, y "no podemos permitir que se ponga en duda la gestión de un gobierno y la credibilidad de un gobierno".
Durante la jornada del jueves, además de las detenciones, el juzgado ordenó la práctica de diferentes entradas y registros domiciliarios. Uno de ellos, según fuentes próximas al caso, en la sede de la Dirección General de Cooperación, en la calle del Pozo, donde trabajaba Felip. Agentes de la Policía Nacional confiscaron diferente documentación escrita y copiaron datos de los discos duros de los ordenadores.
PRIMERAS DENUNCIAS
Fiscalía abrió una investigación en octubre de 2010, cuando recibió una denuncia de la diputada del PSPV Clara Tirado en relación a subvenciones otorgadas en 2008 por la Consejería de Solidaridad --cuyo titular era Rafael Blasco, actual portavoz del PP en las Cortes Valencianas-- a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) para el desarrollo de dos proyectos de cooperación en Nicaragua.
En concreto, Tirado denunció la subvención de cerca de dos millones de euros concedida por el Gobierno valenciano para abastecer y tratar agua para consumo humano y producir alimentos en Nicaragua y que --según mantenía-- acabó destinándose a la compra de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia.
En respuesta a esta denuncia, Rafael Blasco remitió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana --así como de los grupos parlamentarios-- los expedientes correspondientes a las subvenciones a la Fundación Cyes para estos dos proyectos de cooperación. El fiscal superior de la Comunidad, Ricard Cabedo, tras estudiar la documentación aportada, decidió remitirla a la Fiscalía de Valencia al estimar que no había indicios de delito de aforados.
Paralelamente a esta investigación, y transcurridos unos días, Fiscalía abrió otra causa tras una documentación aportada por la diputada de Compromís Mireia Mollà, en la que se afirmaba que la consejería de Blasco también favoreció a la Fundación Entre Pueblos --ahora Hemisferio--. Según indicó en ese momento Mollà, el dinero de las subvenciones que recibía esta entidad, en vez de destinarlo a sus objetivos, se destinó a empresas que creó la fundación.
