Las ilegalidades tendrían que ver con la adjudicación de un proyecto de promoción de productos riojanos y el pabellón de la EXPO'92
LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño emitió el 20 de diciembre pasado un auto en el que se indica que unas conversaciones grabadas entre Javier Sáenz-Torre, director general del Gobierno de coalición PSOE-PR desde 1991 hasta 1995, y un directivo de la empresa I Pública, podrían probar un posible delito de malversación de caudales públicos que, al haber pasado más de 10 años, habría prescrito.
El auto es la respuesta a una denuncia presentada por el secretario general del PP de La Rioja, Carlos Cuevas, en octubre de 2006. Cuevas, en nombre del partido, presentó en el Juzgado un CD con dichas conversaciones aduciendo que había sido depositado en el buzón de la sede del PP en Logroño por una persona no identificada.
La resolución fue emitida por el Juzgado el 20 de diciembre, pero el secretario general de los populares asegura haberla recibido el 10 de enero pasado. Hoy Cuevas ofreció una rueda de prensa para explicarlo.
El PP presentó en el juzgado el CD, la transcripción de su contenido y distinta documentación para contextualizar la información (diario de sesiones parlamentarias y recortes de prensa). En su denuncia, Cuevas solicitaba que se determinase si los hechos "pudieran ser o no constitutivos de un ilícito penal", sin calificarlos previamente.
En la denuncia, el PP indica que las conversaciones "guardan relación presumiblemente" con los hechos que fueron objeto de dos comisiones especiales de investigación parlamentaria constituidas a petición del PP para estudiar las partidas presupuestarias destinadas por la coalición Partido Riojano-PSOE que gobernaba entonces La Rioja a dos proyectos: la promoción de los productos riojanos durante los ejercicios presupuestarios 1990, 1991 y 1992, y las inversiones y gastos para La Rioja con motivo de la Expo'92.
La empresa I Pública fue la adjudicataria de dichas actuaciones de promoción de productos riojanos por un importe de 270 millones de pesetas. El Gobierno riojano le encargó también el proyecto de contenidos del pabellón riojano en la Expo de Sevilla, por un importe de 220 millones de pesetas, y la realización de un cortometraje para proyectar en el pabellón riojano de la Expo'92 con un coste de 96 millones de pesetas. La empresa llevó a cabo además la campaña de publicidad de 'La Rioja 92'.
En las conversaciones, presumiblemente, se hace referencia a posibles irregularidades en pagos de dinero relacionados con contratos suscritos por I Pública y el Gobierno de coalición PR-PSOE en los años 1990, 1991 y 1992.
El PP indica en su denuncia que son constantes las referencia en las conversaciones a desviaciones de dinero (en las cantidades de 6, 7 y 40 millones de pesetas respecto a tres campañas) y a las repercusiones que tendría la salida a la luz pública de los hechos. "Los interlocutores se refieren a los hechos con palabras como 'desfalco', 'estafa', 'fraude', 'cohecho' y 'cárcel'", dice el documento presentado por el PP en el Juzgado.
El auto califica de "presunta malversación de caudales públicos" los hechos presentados por el Partido Popular y establece que dicha ilegalidad, de haber sido tal, ha prescrito ya.
Aunque podría haberlo hecho, el Partido Popular no ha recurrido la resolución judicial porque considera que "está ya muy claro", según argumentó Carlos Cuevas.
El popular advirtió que "podríamos estar ante el caso más grave de corrupción política en la historia de La Rioja" y pidió explicaciones a distintos responsables del PSOE y del PR. En concreto, Cuevas nombró a Miguel González de Legarra -presidente del PR-, Javier Sáenz-Torre -también del PR-, Ignacio Pérez -actual senador del PSOE, presidió el gobierno de coalición-, Ana Leiva -actual Secretaria de Estado de Cooperación Territorial, fue consejera de Agricultura-, Inmaculada Ortega -actual diputada regional del PSOE riojano- y Francisco Martínez-Aldama, secretario general del PSOE de La Rioja.
