Esta semana comparecerán en la Audiencia Nacional el fiscal y el juez que instruyó el caso en el país centroamericano
MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El juez de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha enviado a El Salvador una citación para que los 14 militares que presuntamente acabaron con la vida del padre Ignacio Ellacuría y otros cinco sacerdotes jesuítas declaren en la Audiencia Nacional el próximo mes de febrero.
El juez de la Audiencia Nacional admitió el pasado mes de enero la querella interpuesta en nombre de la hermana de una de las víctimas, que fueron asesinadas el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) del país centroamericano.
Según informaron fuentes jurídicas, Velasco tiene localizados a 12 de los 14 militares imputados. El juez espera que se desplacen a Madrid a declarar, aunque tampoco tendría problema en que lo hicieran por videoconferencia.
En el marco de la investigación de estos hechos, cuyo procesamiento en El Salvador fue calificado de "simulacro" por el entonces embajador de España en el país, Fernando Álvarez de Miranda, el juez de la Audiencia Nacional continuará tomando declaración a diferentes testigos la próxima semana.
En concreto, el martes acudirá a la Audiencia Nacional Terry Karl, profesora de la Universidad de Standord y especialista en asuntos suramericanos, y el lunes día 30 la analista del Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington.
Estas dos expertas han elaborado un informe sobre una serie de documentos oficiales de la Administración estadounidense que demostrarían que el Departamento de Estado norteamericano, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) y los servicios de inteligencia españoles tenían información de que el Ejército salvadoreño preparaba atentar contra el padre Ellacuría.
Además, el próximo jueves comparecerán ante el magistrado de la Audiencia Nacional el ex fiscal general de la República Belisario Amadeo Artiga y el juez Ricardo Zamora, que instruyó el caso en El Salvador.
VIAJAN A ESPAÑA EL JUEZ Y EL FISCAL SALVADOREÑOS
En su declaración ante Velasco el pasado mes de mayo, el ex embajador de España en El salvador aseguró que el juicio que se llevó a cabo en el país centroamericano contra los supuestos asesinos del padre Ignacio Ellacuría y los otros cinco sacerdotes jesuitas, cuatro de los cuales también eran españoles, fue "un simulacro.
Alvarez de Miranda explicó durante su comparecencia que el juicio no se desarrolló con las garantías necesarias y que los crímenes fueron auspiciados desde altas esferas militares por la labor que los jesuitas, seguidores de la Teología de la Liberación, desarrollaban con el pueblo salvadoreño.
Ante el magistrado también comparecieron los letrados en Cortes José Luis Ruiz Navarro y Enrique Arnaldo, que ratificaron los informes que redactaron, respectivamente, en 1990 y 1991 después de que dos comisiones del Congreso de los Diputados se desplazaran hasta el país centroamericano para seguir el procedimiento como observadores judiciales.
En esos dos informes se detallaban, entre otras anomalías, la ausencia de garantías judiciales con que desarrolló el juicio, la ocultación de pruebas, la obstrucción al procedimiento por parte de las Fuerzas Armadas y la falta de independencia de la policía judicial y de todos los jueces que se encargaron del caso a excepción del instructor Ricardo Zamora.
La querella, presentada por un posible delito de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes, está dirigida contra 14 militares salvadoreños, entre los que se encuentran cuatro generales en el momento de los hechos. No obstante, el juez rechazó la imputación del ex presidente Alfredo Cristiani Burkard.
En su resolución, el juez Velasco ordenó la declaración testifical del ex fiscal general de la República, del juez Zamora y de los abogados Henry Campos y Sidney Blanco. Estos dos últimos fueron los fiscales asignados al caso cuando se enjuició en El Salvador y renunciaron cuando, según la querella, fueron obligados a minimizar el interrogatorio a los militares imputados. Posteriormente, representaron a las acusaciones particulares.
En concreto, perdieron la vida el rector del campus, Ignacio Ellacuría; y los sacerdotes Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, todos de nacionalidad española; el religioso salvadoreño Joaquín López y López; y el ama de llaves Elba Julia Ramos y su hija Celina, nacidos también en el país sudamericano.
La querella, interpuesta en nombre de Alicia Martín-Baró, religiosa carmelita y hermana de una de las víctimas, está dirigida contra los generales Humberto Larios, René Emilio Ponce, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Cepeda; los coroneles Inocente Orlando Montano y Francisco Elena Fuentes; los tenientes Carlos Camilo Hernández Barahona, José Ricardo Espinoza Guerra y Gonzalo Guvara Cerritos; los sargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo; el cabo Ángel Pérez Vasquez y los soldados José Alberto Sierra Ascensio y Óscar Mariano Amaya Grimaldi.
