El juicio contra 20 acusados de los macroprostíbulos de Castelldefels (Barcelona) será el 16 de septiembre

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los 20 acusados relacionados con la trama de explotación de mujeres e inmigrantes y corrupción policial desde los macroprostíbulos de Castelldefels Riviera y Saratoga declararán ante el juez el lunes 16 de setiembre en la sala Polivalente de la Audiencia de Barcelona.

Según el auto de la Sección 9 de la Audiencia, la sala tratará las cuestiones previas al juicio el viernes 12 y el lunes 15 de julio a partir de las 9.30 horas, y los interrogatorios se llevarán a cabo a partir del 16 de septiembre.

La juez fija la vista previa al juicio oral en julio al tener en cuenta la petición de algunas defensas de la nulidad de las diligencias de escuchas telefónicas, pues consideran que éstas vulneran el secreto de las comunicaciones.

También se expone en al auto un razonamiento de la admisión o dimisión de las pruebas documentales, testificales y periciales solicitadas por cada una de las partes, y el posicionamiento de la sala en cada caso.

Los dos macroburdeles permanecen cerrados desde marzo de 2009 por orden de la titular del Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona por una presunta trama de corrupción policial que podría haber permitido a estos locales explotar a inmigrantes irregulares.

La trama implica a diversas personas, entre ellas seis miembros del Cuerpo Nacional de Policía, tres abogados, un funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, un ingeniero y los responsables de los locales de alterne de Castelldefels Riviera y Saratoga.

PETICIÓN DEL FISCAL

El fiscal pidió en su escrito penas de 3 a 44 años por los delitos de favorecimiento de prostitución, pertenencia a organización criminal, asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo, revelación de secretos con grave daño a la causa pública, omisión del deber de perseguir delitos, aprovechar revelación de información privilegiada, falsificar documento oficial, extorsión en concurso medial con delito cometido por funcionario público contra derechos individuales, violación de información por razón de cargo, e infidelidad en custodia de documentos.

Para el acusado José Javier M.P., inspector jefe de la Policía Nacional en la Brigada Nacional de Extranjería, el fiscal solicitó la pena más elevada de hasta 44 años por dos delitos de cohecho pasivo y siete de extorsión.

Según la Fiscalía, estos policías cometieron un delito de favorecimiento de la prostitución "prevaleciéndose de su condición de autoridad" y otro de pertenencia a organización o grupo criminal, alertando a los responsables de las inspecciones a cambio de dinero, y entre ellos está implicado el comisario Luis G.G., para el que pide 25 años.

Para los propietarios y encargados de los clubes, el fiscal pide de 7 a 18 años; para los policías de 16 a 44; de 5 a 20 para los abogados; 19 para el funcionario municipal, y 20 al ingeniero, además del cierre definitivo de los prostíbulos y disolver sus sociedades.