Los procesados ratificaron ante el juez las declaraciones prestadas durante el anterior juicio por los hechos, celebrado en el año 2002
ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La primera sesión de la repetición del juicio oral por el motín de la prisión alicantina de Fontcalent, en el que un preso resultó asesinado, se inició hoy en el Palacio de Justicia de Benalúa con la declaración de tres de los doce procesados, la mayoría de los cuales están considerados de alta peligrosidad, por lo que estuvieron rodeados de un fuerte despliegue de medidas de seguridad.
Los doce procesados por los hechos registrados durante el motín ocurrido en la cárcel de Fontcalent de Alicante en 1990 están acusados de los delitos de asesinato, asesinato frustrado, detención ilegal, quebrantamiento de condena, atentado, lesiones y robo.
El primer procesado en comparecer fue Antonio C.E., al que el Ministerio Fiscal pide una pena de prisión de 138 años y cinco meses, como presunto autor material del asesinato de un recluso de origen argelino, así como de los delitos de detención ilegalmente a nueve funcionarios, el quebrantamiento de su condena en grado de tentativa, y un delito de atentado.
Durante su declaración, Antonio C.E. ratificó ante el juez sus declaraciones anteriores, al sostener que no había matado al preso. Durante su testimonio, Antonio C.E. dijo no identificar su firma en una declaración anterior en la que se reconocía como autor de la muerte.
En este sentido, --como en el juicio anterior-- este primer procesado incidió en que la muerte del argelino se debía a un ajuste de cuentas por tráfico de drogas y admitió ser el autor de la retención de varios funcionarios de la prisión armado con un pincho.
A la declaración de Antonio C.E. le siguió la de su cuñado, Manuel P., acusado de atentado, detención ilegal y quebrantamiento de condena, quien en su exposición afirmó ser el líder del motín de Fontcalent y de haber encarcelado a varios funcionarios en diversas celdas.
Por lo que se refiere a la muerte del interno, Manuel P. declaró que su cuñado no fue el autor porque estaba con él "en otra parte", al tiempo que coincidió con el primero en que lo ocurrido respondía a un ajuste de cuenta entre ciudadanos magrebíes.
En su intervención, Manuel P. alegó que los presos que acusan a Antonio C.E. del asesinato han recibido beneficios de Instituciones Penitenciarias. Así mismo, Manuel P. indicó que las "raíces" del motín fueron los "malos tratos de los funcionarios contra los presos".
El último en declarar hoy fue Francisco S., quien está acusado de los delitos de detención ilegal, quebrantamiento de condena, atentado, asesinato, lesiones sufridas por Fernández, robo, lesiones, y asesinato frustrado.
En su declaración, Francisco S. reconoció haber participado en las nueve detenciones, aunque negó haber tomado parte en la muerte del argelino, y aseguró no recordar si había robado el reloj y la cadena a uno de los funcionarios apresados durante el motín. Asimismo, negó haber golpeado a nadie con una barra de hierro.
Además, Francisco S. afirmó que durante el motín estaba bajo los efectos de las drogas, porque había consumido "muchísimas pastillas" y admitió que llevaba un destornillador que se había encontrado en el tejado del módulo III de Institución Penitenciaria.
"NULIDAD DEL JUICIO"
Por otro lado, los 12 letrados que conforman la defensa de los procesados solicitaron al presidente del Tribunal, José Daniel Mira Perceval, la "nulidad del juicio" al considerar que en la repetición del juicio también se vulneraban los derechos de defensa del procesado y de la Audiencia y Juicio público debido a las fuertes medidas de seguridad.
En este sentido, el letrado del principal acusado Antonio C.E., Enrique Botella, en nombre de todos los procesados puso de manifiesto que hay una vulneración de los derechos de juicio público porque "existen muchas dificultades para acceder a la sala". En este sentido, indicó que "en sus 21 años de abogado nunca había visto algo así".
Así mismo, Enrique Botella expresó que el proceso "no salvaguarda la conversación privada entre el abogado y su cliente" porque "los agentes que están junto a los acusados parece que están pendientes de las conversaciones".
De este modo, el letrado también solicitó que las Fuerzas de Seguridad retiren las esposas de los acusados porque "no facilita la libertad y espontaneidad a la hora de expresarse", y calificó las medidas adoptadas como "coercitivas".
En cuanto a su cliente, el letrado también pidió la suspensión del juicio al conocer las declaraciones de Manuel P. en las que señalaba que Antonio.C.E. presuntamente estaba recibiendo inyecciones y en la actualidad se encuentra "psicológicamente anulado".
La sesión prevista para las 10.00 horas de mañana martes contará con los testimonios de otros tantos procesados, que al igual que hoy, estarán rodeados de fuertes medidas de seguridad, en las que intervienen un total de 45 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil.
