17 de febrero de 2020
 

El juicio por el pago de la reforma de la sede del PP con la 'caja B' comenzará el 8 de febrero de 2021

Actualizado 14/02/2020 15:21:06 CET

El tribunal prevé más de 40 sesiones para esta vista oral, que incluirá las testificales de Aznar y Rajoy

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha señalado para el 8 de febrero de 2021 el inicio del juicio por el pago de la reforma de la sede nacional del PP con dinero de la presunta 'caja B'.

El tribunal formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, Fernando Andreu y María Fernanda García Pérez prevén celebrar más de 40 sesiones que se prologarán hasta finales del mes de mayo, según la diligencia de ordenación de la letrada de la administración de Justicia.

En el banquillo de los acusados se sentarán el extesorero del PP Luis Bárcenas, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión por el delito de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública; y el exgerente 'popular' Cristóbal Páez, que se enfrenta a un año y medio de cárcel por los mismos delitos salvo el de apropiación.

También están acusados los socios de Unifica, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes el Ministerio Público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública; y su empleada Laura Montero, para quien el Ministerio Público pide el sobreseimiento de la causa.

EL PP, ACUSADO COMO RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIO

Asimismo, el juez instructor del 'caso Gürtel', José de la Mata, también envió al banquillo al PP al considerarle como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que los demás acusados habrían cometido.

Parte de la expectación de este juicio llegará con las testificales, pues entre los comparecientes previstos están los expresidentes del Gobierno y ex líderes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy, cuyas declaraciones han sido solicitadas por acusaciones populares y no por Anticorrupción.

En el caso de Aznar, será la primera vez que declare en la Audiencia Nacional para que explique qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de su partido. Fue durante su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso cuando aseguró que "no existe ninguna caja B" y negó el cobro o la orden de pagos de sobresueldos "ilegales" a dirigentes de la organización que presidió entre 1990 y 2004.

En cuanto a Rajoy, ya sabe lo que es declarar como testigo ante un tribunal de la Audiencia Nacional, pues compareció en julio de 2017 en el juicio sobre los primeros años de actividades de la trama Gürtel, en cuya sentencia el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo.

En aquella ocasión afirmó que "jamás" supo nada de la presunta caja B del PP porque su responsabilidad en el partido eran "políticas", no contables. Sin embargo, la Audiencia Nacional cuestionó la credibilidad a su testimonio y en su sentencia dio por acreditada la contabilidad paralela de la formación política, lo que propició la moción de censura contra su Gobierno.

EX SECRETARIOS GENERALES Y EXMINISTROS

Además de Aznar y Rajoy, comparecerán los ex secretarios generales del PP Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y María Dolores de Cospedal, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, los exministros Federico Trillo, Jaume Matas y José María Michavila; y el expresidente del Senado Pío García Escudero, así como otros ex altos cargos del partido.

Además de esta pieza que va a ser juzgada el año que viene, existe otra sobre las donaciones que recibió el partido y que aparecen anotadas en los documentos manuscritos conocidos como los 'papeles de Bárcenas'.

Esta investigación fue reabierta por el juez De la Mata en marzo de 2017 para seguir indagando sobre la presunta financiación irregular del PP, después de que el 'cabecilla' de la Gürtel, Francisco Correa, revelara que algunas constructoras recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros, a cambio de comisiones.

De hecho, Izquierda Unida, que ejerce como acusación popular en el juicio por la posible reforma en negro de la sede del PP, ha solicitado al tribunal incorporar toda la investigación respecto a las donaciones, petición que aún tiene que ser resuelta.

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