SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, firmaron hoy el protocolo por el cual se pone en marcha en cada provincia andaluza una subcomisión de coordinación y cooperación, cuyo objetivo es el de ofrecer respuestas a las necesidades de cada órgano judicial de manera "útil, rápida y eficaz".
En rueda de prensa, Naranjo explicó que las subcomisiones, que entran hoy en funcionamiento, se reunirán mensualmente para analizar las peticiones de refuerzo, sustituciones de personal, equipamientos y servicios de apoyo de la Audiencia Provincial, conforme a los criterios consensuados en la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación compuesta por la propia Consejería y el TSJA.
Sobre las comisiones, que estarán copresididas por los titulares de la presidencia de la Audiencia Provincial y de la Delegación Provincial correspondiente, e integradas también por el secretario coordinador provincial y el secretario de la Delegación Provincial, Méndez de Lugo dijo que se trata de una herramienta "útil" porque se "agilizarán" las demandas de los órganos judiciales, de manera que las respuestas serán "mucho más rápidas".
"La filosofía no es otra que la de agilizar, eliminar barreras y solucionar los problemas que surjan en cada provincia", agregó el presidente del TSJA, quien insistió en que con esta herramienta "se atenderán las demanda de forma más rápida".
Así las cosas, las subcomisiones tendrán como competencia la toma de conocimiento e información sobre la viabilidad de las peticiones de nueva construcción, mejora o alquiler de sedes e infraestructuras de uso judicial. Asimismo, analizarán y propondrán los contenidos de los programas de formación dirigidos al personal al servicio de la Administración de Justicia, amén de acoger propuestas y sugerencias relativas al mejor desarrollo de las competencias ostentadas por la Consejería.
Con la creación de dichas subcomisiones se pretende articular un nuevo mecanismo de compromiso mutuo para resolver las cuestiones cotidianas de los juzgados y tribunales de cada una de las provincias andaluzas, relativas a los medios materiales y humanos que la Administración pone a su disposición.