SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha acordado este jueves con los juzgados de Sevilla el depósito de las actas del Consejo de Gobierno desde 2001, en sobre lacrado, que había solicitado la titular del Juzgado de Instrucción número 6, Mercedes Alaya --que investiga presuntas irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE)--, en un lugar de la sede judicial que cuente con vigilancia tanto material --cámaras de videovigilancia-- como presencial "durante las veinticuatro horas".
Así lo ha indicado a Europa Press el juez decano, Federico Jiménez Ballester, que ha participado en estas conversaciones y que ha desvelado que los contactos con la administración autonómica para gestionar este extremo se vienen dando desde mediados de la presente semana, si bien este jueves se ha concretado todo en un encuentro.
En concreto, Jiménez Ballester ha señalado que las actas se depositarán en una caja fuerte de seguridad de un lugar "seguro" del propio edificio de los juzgados, y que contará de manera continua con presencia de personal de seguridad y con medios técnicos de videovigilancia.
Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico, personal de la Junta depositará a última hora de la mañana los documentos reclamados por Alaya, que dictó un nuevo auto el pasado 30 de marzo en el que volvía a solicitar a la administración todas las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad, todo ello dentro de las diligencias incoadas sobre la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo incentivados por la Junta de Andalucía.
Este martes, la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, aseguró que la Junta "no tiene ningún tipo de reparo inicial" a atender la medida cautelar planteada por la juez Alaya, para que le entregue "para su custodia" un sobre debidamente precintado que contenga las reclamadas actas de los consejos de Gobierno celebrados desde 2001 hasta el momento.
Moreno aseguró que esta nueva fórmula que plantea la magistrada de entregar las actas de los Consejos de Gobierno en un sobre precintado no plantea "ningún tipo de reparo inicial" a la Junta porque "salvaguarda la confidencialidad" de estos documentos hasta que se pronuncie el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, dependiente del Tribunal Supremo, en relación con la competencia de la juez "para levantar el carácter reservado de parte del contenido de las actas", ya que el Ejecutivo andaluz "carece de jurisdicción" para ello.
