Actualizado 27/01/2012 14:44 CET

La Junta reclama por escrito a las aseguradoras que aporten información sobre el detalle de los pagos realizados por ERE

Pide a la juez que cite a declarar como imputados, además de a Guerrero, a los siete presuntos implicados "en trama empresarial"

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha iniciado una nueva línea de investigación respecto a los gastos de gestión en la contratación de pólizas de expedientes de regulación de empleo (ERE), de manera que ha remitido esta semana una petición por escrito a las aseguradoras para que aporten información sobre el detalle de los pagos realizados.

Fuentes de la Junta han informado a Europa Press de que toda la documentación que la administración autonómica posee sobre cada ERE ya fue remitida al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye el caso de las irregularidades en expedientes de regulación de empleo, pero que de esa información "no se pueden deducir con certeza los importes destinado a gastos de gestión, por lo que se ha remitido esta semana una petición por escrito a las aseguradoras para que aporten información sobre el detalle de los pagos realizados".

Esta nueva línea de investigación emprendida por la Junta de Andalucía "por iniciativa propia", según las mismas fuentes, se suma a las que ya tiene en marcha y "que empiezan a dar sus frutos".

El Gobierno andaluz ha reiterado su disposición "a esclarecer hasta el final los posibles fraudes cometidos" y a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para "resarcir el perjuicio de las arcas públicas".

En este sentido, las actuaciones ya realizadas o en marcha por parte de la Junta consisten en una investigación sobre posibles intrusos en los ERE, que tras la investigación reservada realizada por equipos de funcionarios se encuentra ya en la fase de expedientes de reintegro de 56 casos de cobro indebido, por un importe global de 2,8 millones de euros, según fuentes de la administración autonómica.

Se suma una investigación interna remitida al juzgado sobre la trama de empresas interrelacionadas y beneficiarias de ayudas presuntamente irregulares; la apertura de los procedimientos de revisión de oficio de expedientes que han supuesto pagos o ayudas a empresas o corporaciones locales, y la suspensión de funciones del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en la causa, tras reconocérsele su derecho al reingreso al servicio activo como funcionario.

TRAMA EMPRESARIAL

De otro lado, la Junta de Andalucía ha solicitado a la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, que cita a declarar como imputados a siete presuntos implicados en la trama empresarial de empresas interrelacionadas beneficiarias de ayudas presuntamente irregulares y que están vinculadas geográficamente a la localidad sevillana de El Pedroso.

También ha remitido este mes a la juez sendos escritos en los que le solicita que cite a declarar de "modo inmediato" al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, en calidad de imputado. Fuentes de la Junta han informado a Europa Press que, concretamente, en dos ocasiones se ha solicitado a la juez que cite a declarar a Guerrero, la primera el 13 de enero y la segunda el día 20.

Estas peticiones de la Junta a la juez Mercedes Alaya se produjeron después de que el pasado día 9 de enero saliera a la luz que el chofer de Guerrero declaró ante los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Andújar (Jaén) que parte de los 900.000 euros que recibió en subvenciones otorgadas por la Junta los destinó a comprar cocaína "para su jefe y para él", mientras que también dedicó parte del dinero a "ir de fiestas y copas".