Justicia pide al CGPJ que revise el reparto de trabajo en los juzgados de malos tratos para mejorar su funcionamiento

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Justicia ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a revisar el reparto de trabajo en los juzgados de jurisdicción compartida, que reciben casos de violencia de género y procedimientos ordinarios, con el fin de mejorar su funcionamiento, según informó hoy el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, en la Comisión del Congreso de los diputados sobre estos temas.

López Guerra compareció en el Congreso a instancias del Grupo Parlamentario Popular, que le trasladó su preocupación por el "colapso" y la "falta de medios materiales y humanos" de estos juzgados, cuando se cumplen ocho meses de su entrada en vigor.

El secretario de Estado recordó que la problemática de los juzgados de jurisdicción compartida "es distinta" a los juzgados específicos de violencia de género, "porque tienen que enfrentarse también de los casos usuales".

Por este motivo, reconoció que se ha tenido que llevar a cabo una redistribución de carga de trabajo, después de verificarse que este reparto "no se ha llevado a cabo de manera adecuada", provocando la "sobrecarga" de algunos juzgados de jurisdicción compartida. El Ministerio recibió ayer mismo un informe del que todavía tiene que estudiar los datos, con el fin de realizar "una segunda reevaluación" de su situación.

Según López Guerra, cuando se pusieron en marcha los juzgados, el 29 de junio de 2005, el ministerio ya pudo comprobar que la planificación "necesitaba alguna corrección", que motivó la creación de nuevas plantas judiciales y en el mes de octubre se volvió a pedir un nuevo informe al CGPJ.

El departamento de Juan Fernando López Aguilar entiende que los casos de violencia de género en los juzgados mixtos "no supone un aumento de la carga global de casos", sino que implica "una redistribución". "Si se ha hecho de manera adecuada no tiene por qué haber sobrecarga. Ello depende del Poder Judicial, no es responsabilidad de Justicia", advirtió.

UN JUZGADO POR CADA AUTONOMÍA

Por otra parte, explicó que en 2005 se adoptaron otro tipo de medidas, como la creación de refuerzos judiciales (juzgados paralelos en Madrid y Barcelona). Además, en la ley de Presupuestos Generales del Estado se incluyó una reforma, se amplió la previsión de 35 plazas en 2006, acordándose la creación de 18 plazas más exclusivas para violencia, con el objetivo de que en todas las comunidades autónomas haya al menos un juzgado específico.

Asimismo, Justicia impulsó la creación de unidades especiales de atención forense (se han creado 20 vinculadas a los institutos de medicina legal, encargados de la atención de las víctimas) y dio formación a un total de 900 funcionarios (fiscales, secretarios judiciales, abogados del estado y médicos forenses). En 2006 prevé dar formación a cerca de un millar.

En lo que se refiere los juzgados exclusivos, explicó que la carga de trabajo ha hecho necesario que los funcionarios lleven a cabo una actividad superior. Según López Guerra, Justicia compensa la prolongación de la jornada, a aquellos que dependen del territorio judicial que aún depende del Estado, de manera automática, en cuanto recibe la notificación del secretario judicial.

"No cabe duda de que Justicia ha estado permanentemente en guardia. No creemos que la ley tiene éxito por azar del legislador, sino por un trabajo continuo", valoró el secretario de Estado.

EL PP CONFIRMA SUS "PEORES AUGURIOS"

La portavoz del PP en la materia, Susana Camarero, aseguró que su formación política ha confirmado sus "peores augurios" dado que los juzgados están "saturados, cuando no colapsados", lo que motiva la suspensión de juicios ordinarios, "con el consiguiente perjuicio para los afectados".

Camarero apuntó que tanto la Comisión Nacional de Jueces Decanos, como el CGPJ, han pedido refuerzos, mientras que los tribunales superiores de Cataluña, Madrid y Valencia y distintos colegios de abogados han formulado quejas.