ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 3 de Orihuela (Alicante) ha abierto juicio oral por el caso de las llamadas 'primas únicas', por el que el fiscal Anticorrupción pide una pena de tres años de prisión y una multa de dos millones de euros para el ex conseller Luis Fernando Cartagena por un delito contra la Hacienda Pública, según confirmaron hoy a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El Juzgado de Instrucción número 4 de Orihuela ha finalizado recientemente la instrucción del asunto y ha dictado el auto de apertura de juicio oral, para lo cual el Juzgado de lo Penal aún no ha realizado el señalamiento, según indicaron las mismas fuentes.
La investigación analiza las llamadas cesiones de crédito de nuda propiedad, un producto financiero comercializado por el Banco Santander entre los años 1988 y 1989, que según recoge el escrito provisional de acusación del Fiscal, "estaba encaminado a propiciar la inversión de dinero negro o físicamente opaco, asegurando el banco a sus clientes que la Hacienda Pública no tendría conocimiento de quiénes eran los propietarios de las cantidades invertidas".
No obstante, un decreto del año 1989 impidió que los activos financieros denominados 'seguros de prima única' y 'cesiones de crédito' siguieran en el mercado como opacos, y los bancos tuvieron que enviar a Hacienda la identidad de los titulares de estos productos.
Las indagaciones practicadas también permitieron conocer que uno de los titulares de estos productos financieros presuntamente era Luis Fernando Cartagena, pese a que las cuentas estaban a nombre de F.S.I. --un empresario ilicitano fallecido en la actualidad--, que aparecía como titular de nueve cesiones de crédito y que inicialmente fue imputado en la causa.
ESTUDIO CONTABLE
La Fiscalía sostiene que el estudio de la documentación contable y los estudios realizados por el Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia sobre las operaciones llevadas a cabo por el Banco Santander, avalan que el ex conseller era el verdadero beneficiario y quien había realizado las inversiones.
En este proceso, el ex conseller siempre ha negado que él estuviera detrás de las cuentas investigadas, aunque el fiscal recoge en su informe que el imputado tuvo un incremento de patrimonio no justificado, por capitales invertidos en cesiones de crédito imputables al ejercicio fiscal de 1988, de 158,5 millones de las antiguas pesetas.
En este sentido, estima que la cuota no ingresada, --el dinero presuntamente defraudado a Hacienda--, es de 502.817 euros, y por ello pide una pena de prisión de tres años y una multa de 1.508.453 euros --cantidad que triplica la cuota mínima defraudada--, por el delito contra la Hacienda Pública.
Además, como responsabilidad civil reclama una indemnización a la Agencia Estatal de Administración Tributaria de 502.817 euros en concepto de la citada cuota no regularizada del ejercicio fiscal 1988, a lo que hay que devengar los intereses legales.
En su escrito de acusación provisional, Felipe Briones también considera que procede dictar el sobreseimiento libre de la causa respecto a F.S.I. --el supuesto titular de las operaciones--, así como embargar de forma preventiva los bienes del acusado para asegurar el pago de la pena de multa y de la responsabilidad civil solicitada.
