SAN SEBASTIAN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
La juez que instruye el presunto fraude en la oficina de Hacienda de Irún ha confirmado la personación en la causa de las Juntas Generales de Gipuzkoa como acusación particular, y ha rechazado así el recurso del fiscal. El juzgado también ha ratificado la personación de LAB como acusación popular, aunque ha elevado a 3.500 euros la fianza a depositar por el sindicato, 1.500 euros más que la cantidad inicial.
En su recurso, la Fiscalía argumentó que "sería procesalmente más correcto" que las Juntas Generales se personaran como acusación popular, al entender que en el presunto fraude "únicamente sería perjudicada de forma directa la Hacienda foral".
Por su parte, en auto, el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún considera "evidente que la Hacienda es perjudicada" al "dejar de ingresar en sus arcas parte de la recaudación", pero añade que la institución de las Juntas Generales también "podría ser considerada ofendida y, en consecuencia, personarse como acusación particular".
En este sentido, señala que el interés de las Juntas Generales "pese a no ser directamente perjudicado, estaría comprendido claramente" dentro de las cuestiones afectadas por el delito de malversación, como son "la confianza de los ciudadanos en la honesta gestión de los caudales públicos" y la "fidelidad" de los funcionarios.
FERNANDO ARGOTE
Por otro lado, la juez ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el principal imputado, el ex director de la oficina de Irún José María Bravo, y su esposa, Rosa María Cobos, contra la personación de LAB como acusación popular.
La juez admite que la fianza de 2.000 euros que impuso al sindicato para admitir su personación "resulta, no irrisoria, pero sí reducida". Por ello, la eleva a 3.500 euros, "cantidad que parece más ajustada, tanto por razón de las futuras costas" como por el posible patrimonio del sindicato, que tampoco cree que sea "exorbitante o excesivamente cuantioso".
Sin embargo, la juez sí considera "suficientemente justificado" el interés que el sindicato LAB dijo defender al personarse en la causa, por lo que en ese punto rechaza el recurso.
Finalmente, la juez no ha admitido la querella presentada por el abogado y ex funcionario de la Hacienda guipuzcoana Fernando Argote, quien solicitó ejercer la acción popular.