TARRAGONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los juzgados de Tarragona han empezado a sobreseer provisionalmente algunas de las diligencias abiertas contra mujeres que se autoinculparon como abortistas el pasado 28 de febrero.
Los archivos de las diligencias se producen por considerar que se trata de un tema político que no compete a la Justicia, según explicó Pastori Roldan, secretaria general de Comisiones Obreras del Baix Camp y también citada a declarar por este caso.
Un total de 170 mujeres presentaron escritos de autoinculpación en la provincia de Tarragona el pasado 28 de febrero. Más de la mitad de ellas ya han sido citadas a declarar y el juez ha archivado cerca de medio centenar de casos, según explicó la responsable de CCOO.
De todas formas, aún hay mujeres pendientes de su cita ante la justicia. Hoy lo hizo la concejal del Ayuntamiento de Reus (Tarragona), Pilar Pérez, que tuvo el apoyo de miembros destacados de su formación, IC-V-EUiA, como la directora de los Servicios Territoriales de Interior, Hortensia Grau.
En su declaración ante el juez de Reus, Pérez asumió que, "por circunstancias personales" decidió abortar hace 10 años, cuando tenía 45 años, y que lo hizo en Londres.
Para la ecosocialista, "no tiene sentido hoy en día" que se tenga que ir a los juzgados por casos como éste. "No deben tener mucho trabajo los jueces para que nos juzguen así como criminales", señaló. La concejala, que espera que su caso sea sobreseído, explicó que en la ciudad de Reus "no se puede abortar" ya que todos los hospitales son objetores de conciencia.
A las 170 autoinculpaciones de finales de febrero, cabe añadir las 420 que se presentaron este fin de semana por parte de responsables de la campaña por el Derecho al aborto Libre y Gratuito ante el juzgado de guardia de Tarragona tras una manifestación en la que se denunció lo que consideran una persecución judicial contra las abortistas.
En los próximos días está previsto que vayan a declarar más autoinculpadas en los juzgados de Reus, Amposta y Valls, a petición de los juzgados de la ciudad de Tarragona que son los únicos de Catalunya que han abierto diligencias por estas acciones.
