MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
Esta legislatura, que ha estado protagonizada por los procesos de reforma de los estatutos de autonomía, concluirá con un total de once recursos de inconstitucionalidad contra los nuevos textos impulsados por cuatro comunidades autónomas, entre ellos el presentado por la Junta de Extremadura al marco estatutario andaluz por las competencias del Guadalquivir.
La excepción es el caso balear, cuyo nuevo estatuto es el único que no ha terminado en el Alto Tribunal, y por el momento el de Castilla y León que finalizó su tramitación a finales del pasado mes de noviembre.
Valencia, Cataluña, Andalucía, las Islas Baleares, Aragón y Castilla y León aprobaron a lo largo de esta legislatura sus respectivos textos estatutarios, todos ellos, salvo el catalán, con un amplio consenso en las Cortes Generales. Sin embargo, artículos relacionados con diferentes aspectos como la financiación o el agua han despertado las sospechas de las comunidades autónomas vecinas.
Las comunidades de Valencia y Extremadura presentaron sendos recursos al texto estatutario andaluz. Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó la admisión a trámite del valenciano --relativo a la regulación de la inversión estatal en Andalucía-- al considerar que el objeto de la demanda no era declarar la inadecuación del estatuto a la Constitución, sino su "incongruencia" con el texto catalán, lo que resultaba "extravagante" y "ajeno" ala jurisdicción del Alto Tribunal.
Por su parte, el recurso extremeño al Estatuto de Andalucía, que sí fue admitido a trámite, considera que el texto "incumple" la Constitución en lo relativo a las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir. Según el Ejecutivo extremeño, el artículo que otorga competencias exclusivas a Andalucía sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir vulnera el artículo de la Constitución que reconoce las competencias del Estado para las aguas que discurren por más de una comunidad autónoma.
De esta forma, el Tribunal Constitucional deberá abordar la resolución de once recursos contra cuatro de los estatutos de autonomía. Esta labor se vio retrasada por la recusación presentada por el PP al magistrado Pablo Pérez-Tremps para valorar el Estatuto catalán por haber participado, junto a otros expertos, en un libro titulado 'Estudios sobre la Reforma del Estatuto', encargado y remunerado por el Instituto de Estudios Autonómicos de la Generalitat.
En principio, el Tribunal Constitucional se veía apremiado para resolver estos recursos antes de la celebración de las elecciones generales. Además, se planteó la posibilidad de dar prioridad a los referidos al texto catalán por entender que su contenido afecta a leyes fundamentales. Sin embargo, todo parece indicar que el resultado de las deliberaciones no se conocerá hasta después de los comicios debido al elevado número de peticiones a las que debe responder el Alto Tribunal.
El Estatuto que más recursos acumula en el Tribunal Constitucional es precisamente el catalán, que suma un total de siete, presentados por el PP, el Defensor del Pueblo, y las comunidades de Murcia, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana y La Rioja. Todos ellos fueron admitidos a trámite a lo largo de 2006 y están pendientes de resolución.
En su recurso, los 'populares' piden la revisión de numerosos artículos de la reforma estatutaria catalana que afectan a aspectos como la definición de Cataluña como nación, la obligatoriedad del catalán, la regulación de derechos y deberes, la legislación judicial, el reparto competencial o la relación bilateral con el Estado.
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, apela por su parte al "valor superior de la igualdad" en que se fundamenta la Constitución y entiende que el texto catalán sienta una "desigualdad" entre los ciudadanos, por lo que su recurso afecta a más de un centenar de artículos.
Además, el Tribunal Constitucional deberá estudiar los recursos presentados por las cinco comunidades de Murcia, Aragón, Baleares, la Comunidad Valenciana y La Rioja dirigidos contra artículos del texto estatutario catalán como la gestión catalana del agua, la regulación de los fondos de la Corona de Aragón o la financiación.
El Estatuto de la Comunidad Valenciana --el primero en ser aprobado en la legislatura-- también está pendiente de dos recursos en el Alto Tribunal presentados por los gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha. La motivación de estos recursos es el derecho que el Estatuto establece para los valencianos a redistribuir los sobrantes de las cuencas hidrográficas excedentarias.
El último de los estatutos en ser recurrido también ante el Tribunal Constitucional fue el de Aragón. El Gobierno de La Rioja recurrió tres artículos del texto aragonés por considerar que invaden las competencias, tanto estatales como de la comunidad, en materia de aguas.
Además, el Ejecutivo de Extremadura acordó la pasada semana pedir un informe al Consejo Consultivo de la región sobre el artículo 70.4 del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla y León para estudiar la posibilidad de recurrirlo ante el Alto Tribunal. Este artículo atañe a la "competencia exclusiva" en materia de la cuenca hidrográfica del Duero y que, a juicio de la Junta extremeña, afecta a una superficie "muy poco relevante" de los municipios cacereños de Robledillo de Gata y Descargamaría.
De esta forma, y sin tener en cuenta el texto estatutario castellanoleonés, el Estatuto de las Islas Baleares es el único que ha superado con éxito toda la tramitación en las Cortes Generales y no ha sido recurrido ante el Constitucional.
(EUROPA PRESS EXTREMADURA)
