SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Uno de los abogados que ejerce la acusación particular en el denominado 'caso Arona' solicitó hoy la suspensión del grupo de gobierno de Coalición Canaria del Ayuntamiento de Arona (Tenerife) por presunta corrupción urbanística.
Según el letrado Felipe Campos, la situación es de "gravedad extrema" en una institución gobernada por el alcalde José Alberto González Reverón (CC). En esta tesitura, Campos anunció en rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife que buscará apoyos políticos en Madrid para sacar adelante la suspensión de la corporación local.
La petición de suspensión del equipo de gobierno de Arona debe ser aprobada en el Congreso de los Diputados, tal como establece la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Para sacar adelante esta iniciativa, Campos aseguró que ya cuenta con el apoyo de Izquierda Unida e intentará recabar el respaldo del grupo socialista.
El letrado informó de que solicitará la suspensión en las próximas semanas, antes de que termine el mes de febrero. En los últimos años se han dado al menos dos casos de suspensión de las corporaciones locales, los más relevantes, siempre por presuntas tramas de corrupción, han sido los de Marbella (Málaga) y Telde (Gran Canaria).
Otras 52 licencias presuntamente ilegales engrosarán este lunes el sumario del denominado 'caso Arona' en el que están imputadas al menos diez personas, entre ellas el alcalde que gobierna desde 2003. Campos anunció, además, que pedirá la suspensión del Plan General de Ordenación (PGO) del mencionado municipio que, según el abogado, fue redactado bajo las presiones de los empresarios implicados en el presunto caso de corrupción.
La "ilegalidad sistemática" se viene produciendo desde 2004 y al menos hasta 2006, según reconocieron el propio alcalde y otros miembros de la corporación --aseguró Campos-- en una conversación de una hora mantenida con algunos vecinos afectados y que fue grabada en video. La cinta será entregada al juez que instruye el caso, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Arona, Nelson Díaz Frías.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
Las irregularidades en el PGO y en varias licencias otorgadas por el Consistorio fueron reconocidas, según Campos, por los representantes municipales, y el alcalde González Reverón aseguró que "de 2006 en adelante no se dieron directrices al redactor del plan general".
Con estas y otras afirmaciones, el primer edil de Arona "está reconociendo una supuesta responsabilidad penal", subrayó Campos, en la que está implicado también el redactor del PGO, circunstancia que dibuja un "claro delito de prevaricación". Los dos arquitectos municipales están imputados en el caso y llegaron a estar en prisión preventiva.
Recordó que el PGOU de Arona está en la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) y señaló que tras las irregularidades denunciadas ha pedido que se suspenda la tramitación.
En este plan, recordó Campos, se pretendía legalizar, entre otros, un edificio construido en 2003 en una plaza de Arona así como la recalificación de suelos para promover su compra. El 'caso Arona' surgió en 2007 tras presentar la Fiscalía una denuncia por presuntos delitos de prevaricación continuada contra la ordenación del territorio.
