Actualizado 04/09/2012 20:17:42 +00:00 CET

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno inicia su andadura en el Congreso

Soraya Sáenz de Santamaría
EUROPA PRESS

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite este martes el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y ha abierto el plazo de presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios.

Esta norma, que se debatirá en la Comisión Constitucional, es uno de los proyectos estrella del Gobierno de Mariano Rajoy, ya que incluye duras sanciones contra los malos gestores que despilfarren dinero público.

De hecho, este proyecto de ley va acompañado de una reforma penal que incluye que los gestores públicos que falseen las cuentas, oculten datos o los divulguen siendo falsos, generando con ello un perjuicio económico para la Administración, puedan ser condenados a penas de cárcel de entre uno y cuatro años, además de ser inhabilitados entre tres y diez años.

Aparte de reforzar la responsabilidad de los gestores en el manejo de los recursos públicos, esta ley pretende aumentar la transparencia de las administraciones y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.

Así, contempla la creación de un Portal de la Transparencia. Se trata de una web única para la Administración General del Estado en la que todos los ministerios y entidades incluirán su información para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a un único órgano que se encargará de redistribuirla. Otra de las novedades de esta ley es la elaboración de un plan de calidad y simplificación normativa.

La norma se sometió durante 15 días a un proceso de consulta pública --que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones--. Sin embargo, y pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera del margen de aplicación de esta norma por no ser una administración pública. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló que la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".

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