Santamaría explicó al aprobarse el anteproyecto que la institución no es "una administración pública" y no está sujeta a esta norma
MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Ley de Transparencia que está preparando el Gobierno y que no se le aplicará a la Casa Real impedirá a los altos cargos aceptar regalos "que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones".
La norma en la que figura esta exigencia no se le aplicará a la Casa Real por no ser una administración pública, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el día que el Gobierno aprobó el anteproyecto de ley y preguntada expresamente por esta posibilidad.
La causa de la pregunta era el interés expresado por distintos partidos políticos e instituciones como el Parlamento de Navarra por conocer con precisión el contenido del presupuesto de la Casa Real y por que se le aplicase la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. No tenía que ver, por tanto, con el viaje a Bostuana al que ha sido invitado Don Juan Carlos.
Sáenz de Santamaría respondió que la institución real no es "una administración pública" y que sólo estas son las destinatarias de la Ley de Transparencia, que será aprobada como proyecto en un próximo Consejo de Ministros y remitida a las Cortes para su debate y aprobación.
El hecho de que la Casa Real quede al margen de esta ley fue una decisión compartida por el PSOE. La vicesecretaria del partido, Elena Valenciano, aseguró hace unos días en una entrevista con Europa Press que le parecía "bien", y destacó que "en los últimos años" ya se han producido avances "en el grado de transparencia" de las cuentas de la Casa del Rey, un "camino" que considera que "no hay que abandonar".
LOS DE MAYOR RELEVANCIA, "PATRIMONIO DEL ESTADO"
La norma que prepara el Ejecutivo tiene como objeto principal que la actividad y las cuentas de las administraciones sean más accesibles para los ciudadanos y que los responsables de lo público respondan por su gestión.
En el borrador, se recoge un capítulo con los principios éticos que debe regir el trabajo de los altos cargos y también unos principios de actuación. Es en este punto donde se insta a los responsables políticos a no aceptar regalos ni favores y a incorporarlos al patrimonio del Estado cuando sean obsequios "con una mayor relevancia institucional".
Dentro de estos principios, también se indica que los altos cargos no se implicarán en situaciones incompatibles con sus funciones y "no se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales".
