MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Congreso ha constituido este martes la ponencia encargada de tramitar la Ley de Transparencia, Acceso a la información y Buen Gobierno y ha establecido su calendario de reuniones de trabajo para la próximas semanas, con la intención de que la norma sea aprobada en la Comisión Constitucional el próximo día 23, ya en un debate abierto. Será a la vuelta del verano cuando el Pleno del Congreso, en su primera sesión ordinaria de septiembre, apruebe ese dictamen de la comisión y lo remitirá al Senado.
Tras esta primera reunión de constitución, los ponentes han acordado volver a encontrarse la próxima semana, concretamente el día 10 de julio a las 11.30 de la mañana. Permanecerán 'encerrados' durante toda la jornada para avanzar lo máximo posible en el debate de las enmiendas, según ha explicado el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro.
La siguiente reunión se ha convocado para el día siguiente, 11 de julio y, una semana después, coincidiendo con el Pleno extraordinario que el Congreso tiene previsto celebrar en el Senado los días 16 y 17 se han programado otras dos sesiones de ponencia. La duración de estas dos últimas se concretará una vez que la Junta de Portavoces del Congreso fije el horario de la sesión plenaria.
PRIMERO, ENCERRADOS
Tras estas discusiones a puerta cerrada, que es el formato que utilizan siempre las ponencias, el debate se tornará ya público el día 23, que es la fecha elegida para que la Comisión Constitucional apruebe el dictamen que en la segunda semana septiembre se elevará al Pleno.
Aunque julio es un mes que la Constitución deja fuera del periodo ordinario de sesiones, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, solicitó permiso a la Cámara para que se convocasen las reuniones extraordinarias que "sean necesarias" para la tramitación y aprobación del proyecto.
El Gobierno busca el mayor grado de consenso posible y quiere atraerse al menos el respaldo de PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV. Su idea es aprovechar las sesiones de ponencia para ir incorporando las enmiendas consensuadas de las cientos de propuestas que se registraron el pasado 21 de junio. Desbrozado el campo, el debate pasará a la Comisión Constitucional, ya en sesión pública.
El Ejecutivo había ofrecido aprobar el dictamen en el Pleno antes del verano pero finalmente el ritmo de la tramitación se ha relajado dado que, de todas formas, no había posibilidad de incluir la Ley de Transparencia en la sesión plenaria de julio puesto que su celebración está prevista en el Senado, donde no hay sistema electrónico de votación para 350 parlamentarios.
AL FINAL, LA LEY CUMPLIRÁ UN AÑO EN LA CÁMARA
Cuando el Congreso reabra el hemiciclo tras las obras, ya en la segunda semana de septiembre (previsiblemente el día 12), se podrá debatir y votar las enmiendas que aún permanezcan vivas para aprobar el proyecto y remitirlo al Senado para continuar su tramitación que culminará ya en otoño.
De esta forma, el texto del Ejecutivo, que entró en el Congreso en septiembre de 2012, cumplirá un año entero en la Cámara Baja antes de ser remitido al Senado. Desde su llegada a la Cámara se han sucedido 35 ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas y la comparecencia de más de un veintena de expertos para dar su opinión sobre la futura ley.
Una vez que el texto definitivo se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) entrará en vigor la parte de la ley relativa al buen gobierno, pero habrá que esperar un año más para que estén vigentes aquellos artículos relativos a la transparencia, puesto que el proyecto prevé un periodo de carencia de doce meses para poder preparar toda la información que deberán publicar las administraciones, así como para poner en marcha el Portal de la Transparencia.