El PSPV propone que los políticos pierdan el aforamiento por corrupción y que la Ley de Transparencia se aplique a sindicatos, patronales e Iglesia
MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSOE valenciano, Ximo Puig, se ha adelantado a la dirección de su partido y ha publicado íntegra su declaración de la renta del año 2011. Así aparece en la página web del PSPV en un apartado llamado "portal de la transparencia", donde los diputados, senadores y parlamentarios autonómicos valencianos también han colgado sus declaraciones de bienes y actividades.
La declaración de Ximo Puig aparece tal y como la presentó ante la Agencia Tributaria, sin utilizar ningún tipo de formato diferente, simplemente la ha escaneado y colgado en la web. De esta forma, el dirigente socialista valenciano se adelanta a la dirección de su partido, que el pasado lunes optó por aplazar la presentación de las declaraciones de renta y patrimonio hasta que no se apruebe un formato común para todas las formaciones políticas y cargos públicos.
"Vamos a proponer una iniciativa en el Parlamento para que todos los diputados, senadores y cargos políticos de este país presenten su renta y su patrimonio de la misma manera, de forma homologada, para que no haya ni trampa ni cartón", resumía la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano durante la rueda de prensa que dio en Ferraz.
Los socialistas valencianos celebraron el pasado fin de semana unas jornadas por la transparencia de las formaciones políticas y, en consonancia con esa transparencia, su secretario general optó por colgar su declaración de IRPF el mismo día que lo hizo Mariano Rajoy, el sábado pasado.
Además, en la web se puede ver la declaraciones de bienes y de actividades que presentó en el Congreso de los Diputados cuando accedió al Parlamento nacional tras las elecciones generales de 2011 y también las declaraciones de bienes que presentaron entonces los otros nueve diputados del PSPV y los 5 senadores, así como las presentadas en el parlamento valenciano por los 33 parlamentarios regionales.
QUE LOS CARGOS NO PUEDAN COBRAR SOBRESUELDOS
En esas jornadas por la transparencia, el PSPV acordó comprometerse con los ciudadanos mediante un contrato, que plantea, entre otras medidas: la prohibición del pago de sobresueldos a cualquier cargo público (una medida que incluyen a raíz de conocerse que los diputados regionales del PP cobraban en mano una especie de dietas y complementos del Grupo, que ahora se han comprometido a pagar a través de transferencia bancaria, y que iban de 3.500 a 10.590 euros al año); la renuncia a cualquier obsequio o donación, salvo los de valor estrictamente simbólico o protocolario.
Además, proponen un "pacto empresarial por la integridad" para que todas las instituciones gobernadas por el PSPV-PSOE firmen con las empresas contratistas un pacto por la transparencia, la ética y la integridad y para que se integre a los representantes de la sociedad civil en la fiscalización de las mesas de contratación de las Administraciones Públicas. También quieren que ser refuercen los mecanismos legales que impidan contratar con las AAPP a aquellas empresas condenadas por corrupción.
IMPUTADOS: SUSPENSION DE RESPONSABILIDADES Y MILITANCIA
En cuanto a los imputados por corrupción, piden que se les suspenda de responsabilidades y de militancia a la apertura del juicio oral y hasta la sentencia. Además de presentar demandas para que se produzca una investigación judicial a los autores de las falsas imputaciones.
Los socialistas valencianos quieren también que: se elimine el aforamiento para los parlamentarios por delitos de corrupción, remitiéndose a la jurisdicción ordinaria; se revisen los plazos de prescripción de estos delitos estableciéndolos en un mínimo de 15 años; se publiquen las cuentas del partido y se proponga a la Sindicatura de Cuentas que audite con agilidad y rapidez las cuentas anuales de los mismos, sin perjuicio de las auditorias atribuídas por la ley al Tribunal de Cuentas.
LEY DE TRANSPARENCIA PARA SINDICATOS, PATRONALES Y CASA REAL
Otra de las medidas que plantean es la de impulsar una ley para proteger al denunciante de prácticas corruptas e ilegales tanto en la administración pública como en los partidos políticos o en las empresas, para evitar que las personas que denuncien un delito sean despedidas de su puesto de trabajo o impedir que se tomen represalias contra ellas.
A esto añadirían un portal de la transparencia en todas las Administraciones para que los ciudadanos puedan acceder de una forma sencilla y actualizada al uso pormenorizado que se hace del dinero público.
Finalmente, quieren que se incorpore la aplicación inmediata de la Ley de Transparencia a los partidos políticos y sus representantes y que se incluya a los sindicatos, organizaciones empresariales, Casa Real e Iglesia.
