Carme Forcadell llega al Tribunal Supremo
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Actualizado: viernes, 26 enero 2018 13:29

El juez impone la fianza de 6.000 euros a la Asociación Libertad y Justicia para aceptar su personación en la causa

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Llarena contesta a la Fiscalía que aún no es momento de imputar a Jové y a Trapero en el Supremo

El instructor de la causa contra el proceso soberanista en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha rechazado la petición de Vox --personado como acusación popular en este procedimiento--, para que requiera al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) toda la información recabada en relación al origen de los fondos manejados por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural para cubrir fianzas judiciales y otros destinos relacionados con el proceso independentista.

En una providencia con fecha del pasado 18 de enero a la que ha tenido acceso Europa Press, Llarena señala simplemente que "no procede acordar la diligencia" interesada por Vox. La petición se realizó como consecuencia de la denuncia que este partido político interpuso el pasado mes de noviembre directamente ante el SEPBLAC.

Vox acudió al servicio dependiente del Ministerio de Economía a raíz del pago de las fianzas que permitieron la libertad de la expresidenta del Parlamento catalán --por 150.000 euros-- y de cuatro de los miembros de la Mesa --100.000 euros cada uno-- el pasado mes de noviembre y de seis exconsellers del Govern de Carles Puigdemont --un total de 600.000 euros-- menos de un mes después.

Según Vox, de la disponibilidad de dichos fondos en la 'caja de resistencia' gestionada por ANC y Òmnium se desprende que ambas son "organizaciones delictivas dentro de la estructura golpista secesionista, orquestada desde el gobierno de la Generalitat, presidido por Carles Puigdemont y por la Mesa del Parlament autonómico presidido por Carme Forcadell", con la misma finalidad delictiva de rebelión, sedición, malversación, desobediencia, prevaricación y otros delitos que esta parte considera cometidos.

Añadían que por esta razón el abono de las citadas fianzas debe ser investigado "con diligencia" para conocer la procedencia de ese dinero, "que pudiera tener un origen delictivo, desconocido o ilegal" vulnerando la normativa contra el blanqueo de capitales, de fiscalidad, o de malversación de fondos públicos.

OTRAS DILIGENCIAS

Entre otras diligencias, a las que ha tenido acceso Europa Press, se encuentra el auto del pasado 24 de enero en el que el juez instructor pone una fianza de 6.000 euros a la Asociación Libertad y Justicia, a pagar en el plazo de cinco días, si quiere personarse como acusación popular en la causa.

Tanto esta asociación como el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez expresaron al juez Llarena su intención para participar en el procedimiento abierto contra el 'procés', por lo que el magistrado le impuso la obligación de abonar una fianza de 7.000 euros en metálico a cada uno. Eso sí, el instructor avisó de que podrían "intervenir en las actuaciones bajo una misma dirección y representación" de Vox.

Libertad y Justicia recurrió este auto, mientras que el Ministerio Público y el propio VOX se opusieron a la aceptación de su personación. Es más, la Fiscalía señaló en su informe que "la acción popular no es una pieza esencial del proceso sino contingente" y se sumó a la opción de que se uniesen a la acusación ejercida por el partido político.

Finalmente, el juez Llarena, estimó parcialmente el recurso de la asociación y rebajó la fianza a 6.000 euros. En cuanto Rodríguez Ménendez, entiende que ha desistido de su intención de querer participar en el procedimiento al no prestar la cantidad fijada ni interponer ningún recurso.

Asimismo, subraya en su auto que "nada impide pues que, en determinados casos, surjan divergencias entre las partes, pero que no alcancen la entidad suficiente para justificar la dispensa de la obligación de la unidad de representación y defensa, pues, pese a ello, las eventuales concretas divergencias de intereses o enfoques en la actuación procesal no hagan necesaria o imprescindible, la defensa técnica y representación singularizada de cada una de ellas".

RECURSO DE LA EXPRESIDENTA DE LA CUP

Por otro lado, la expresidenta de la CUP Mireia Boya interpuso un recurso contra el auto del pasado 22 de diciembre en el que el juez del alto tribunal amplió la investigación contra el proceso soberanista contra ésta y otras cinco personas: la dirigente de este mismo grupo parlamentario Anna Gabriel; el expresidente de la Generalitat Artur Mas; la número dos de ERC, Marta Rovira; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.

Todos ellos, según los informes de la Guardia Civil que han sido entregados al juez Llarena, habrían formado parte del Comité Estratégico para declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Así constaba en el documento 'Enfocats', la hoja de ruta del 'procés' incautada en el domicilio de Jové.

Boya pide la nulidad de las actuaciones por "infracción de normas y garantías procesales" que causan indefensión. Según explica en su escrito presentado el 12 de enero de 2018, cuando se comunica a una persona que se le investiga por un "hecho punible" es necesario que se "incluya una descripción de aquellos hechos en los que se funda su condición de sospechosa, la naturaleza y la tipificación de la infracción penal y su participación en los mismos".

"El auto impugnado contiene un relato de antecedentes, que en parte son estrictamente procesales y en parte no hacen ninguna referencia" a la expresidenta de la CUP, detalla el abogado de Boya en su escrito. Añade, además, que su imputación "no es fruto de ninguna denuncia o querellas previas".

El letrado destaca que el auto sólo señala "como fundamento de las sospechas" el documento 'Enfocats', en el que aparece identificada como participante "de algunas de las reuniones que supuestamente sirvieron para idear y pergeñar el proceso de ruptura que se investiga". Una "participación principal y destacada en su desarrollo", que supuestamente, se basó en aportar "el apoyo político" que llevó este proceso a término, dice el escrito.

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