López Aguilar reconoce retrasos en los plazos de implantación de la Nueva Oficina Judicial por la "enorme complejidad"

Actualizado: martes, 4 abril 2006 15:54

PP le reprocha que su única prioridad sea la modificación del modelo constitucional del Poder Judicial

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, reconoció hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso algunos retrasos en los plazos de implantación de la Nueva Oficina Judicial, aunque insistió en que este proceso reviste "enorme complejidad" y se caracteriza por "su proyección en el tiempo". Por ello, denunció "el autoemplazamiento del legislador en un calendario de difícil cumplimiento" en relación al calendario fijado por el Ministerio, en mayo de 2005, sobre la entrada en funcionamiento de este nuevo modelo judicial, que pretende racionalizar la Justicia.

En este sentido, el titular de Justicia destacó que "el Gobierno está haciendo su trabajo" y añadió que "el principal partido de la oposición debe asumir como suyo la implantación de la Oficina Judicial", prevista en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así, indicó que "este objetivo ambicioso" requiere de la colaboración del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las Comunidades Autonómicas con "el liderazgo por parte del Gobierno y la implicación de todas las instituciones y grupos parlamentarios".

La solicitud de comparecencia del ministro se debe a que, a juicio del PP, se han incumplido los plazos acordados por López Aguilar en mayo de 2005 respecto a esta materia. En este sentido, el responsable del PP de Justicia e Interior, Ignacio Astarloa, reprochó que "la prioridad" de este departamento está en "la modificación del modelo constitucional del Poder Judicial --en referencia al Estatuto de Cataluña--, en vez de en "la transformación y modernización de la Justicia".

López Aguilar rechazó las alegaciones planteadas por el Grupo Parlamentario Popular, al considerar que responden a "una simplificación reductiva y a una actitud demagogia". Además, replicó que la modernización de la Justicia constituye "una prioridad en este Gobierno" y negó que "se este rompiendo el modelo constitucional", tal y como planteó Astarloa en relación a la aprobación del Estatuto de Cataluña.

Asimismo, el responsable del Ministerio de Justicia respondió a Astarloa en que el incumplimiento del calendario se debe "al esfuerzo del Gobierno de incorporar nuevos puntos de vista y alegaciones de todos los actores implicados en este proceso". "Esto no nos hace desistir de nuestro compromiso ante nuestra obligación de escuchar a todas las partes", agregó el ministro, quien resaltó que "todos los objetivos previstos saldrán adelante".

UNIDADES PROCESALES DE APOYO

El Ministro explicó en su comparecencia que este nuevo modelo "más racional y eficaz" se sustenta en las unidades procesales de apoyo y en los servicios comunes de gestión unificada, pero "respetando competencias". En este punto, precisó que, ante "el compromiso del Gobierno respecto a esta iniciativa", ya se ha puesto en marcha el ordenamiento de dotación de esta unidades procesales por orden ministerial y cuya reglamentación de desarrollo ya ha sido dictada.

También especificó las reformas de leyes procesales que está llevando su departamento relativas a un total de 22 normativas de procedimiento, actualmente en trámite parlamentario. Además, subrayó "la potencialización de las buenas prácticas procesales, que incluye una agenda de señalamientos para evitar el despilfarro de recursos".

Respecto a la implantación de la Oficina Judicial, López Aguilar detalló que se desarrolla en "un escenario plurianual" a través del denominado "territorio Ministerial" que se corresponde con las 11 demarcaciones que forman parte de "la experiencia piloto". Estos puntos están en Murcia, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Ceuta Y melilla.

Asimismo, el ministro de Justicia relató que el despliegue de la Nueva Oficina Judicial implica la remodelación de un total de 16 edificios, lo que actualmente se está llevando a cabo en Burgos y Murcia. En este sentido, señaló que se trata de superar los conceptos de que "los edificios judiciales son unidades aisladas y que a cada órgano le corresponde una oficina".