Los magistrados recusados por el Gobierno ven irregular que la carta que desmiente contaminaciones se tenga como prueba

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata -recusados por el Gobierno en el recurso interpuesto por el PP contra la reforma de la Ley Orgánica que regula el alto tribunal (LOTC)-, rechazan que se de rango de prueba a la carta que otros seis magistrados, entre ellos los tres recusados por el principal partido de la oposición en este mismo procedimiento, remitieron al presidente accidental de este órgano, Vicente Conde, negando haber anticipado su opinión sobre la citada norma. Con ello demostrarían no estar "contaminados" para debatir sobre ella.

Ambos magistrados califican esta prueba de "extemporánea" en sendos votos particulares que emitieron ayer respecto a la providencia en la que el Pleno del TC acordó dar traslado de dicha carta y de otras "comunicaciones en relación con dicho documento" tanto a la Abogacía del Estado como al PP, para que en el plazo de tres días manifiesten "lo que a su derecho convenga".

La providencia fue notificada esta mañana, por lo que las partes tienen de plazo hasta el próximo miércoles para contestar al TC, se informó a Europa Press en fuentes del alto tribunal.

La citada carta señalaba que la reunión celebrada el pasado 12 de junio entre la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, y los magistrados Guillermo Jiménez, Ramón Rodríguez Arribas, Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps (estos tres últimos son los recusados por el PP) no tuvo "carácter jurisdiccional ni gubernativo", lo que desmentía que todos ellos pudieran estar "contaminados" para entender del recurso. El PP basó sus recusaciones en el contenido de esta reunión.

Tanto García Calvo como Rodríguez-Zapata consideran irregular que se informe de esta carta a las partes, puesto que se trataría de conseguir la "preconstitución de una prueba excluyente de la responsabilidad que hayan podido incurrir" los tres magistrados recusados por el PP sin que todavía esté si quiera abierta la pieza de recusación referida a tales magistrados.

"CULTURA DE LA SOSPECHA".

Rodríguez-Zapata va más allá y señala que "ninguna manifestación de los magistrados, aunque fuera hecha en reuniones, llamadas telefónicas, correos electrónicos, notas, cartas o escritos dirigidos a la presidenta pueden ser objeto de conocimiento público".

"Cuando ello se produce, como es evidente que ha ocurrido en este caso, su contenido no puede ser utilizado por parte procesal alguna para construir, sobre desnudos recortes de prensa que lo reflejan, la recusación de un magistrado -añade Rodríguez Zapata-. Admitir esa construcción llevaría al absurdo de que simples intercambios de impresiones entre magistrados pudieran dar pábulo a actuaciones procesales que nos instalarían en la cultura de la sospecha".

En otro punto de su voto particular, Rodríguez-Zapata plantea que pueda pedirse la opinión de las partes también respecto a cuál debe ser la composición del Pleno que haya de resolver sobre las cinco recusaciones presentadas. Según la providencia, la pieza que se abrió con la finalidad de fijar esta composición debe ser comunicada al Gobierno y al PP, aunque "a los solos efectos de su conocimiento".

"Decidir que las partes simplemente tomen conocimiento de la documentación unida a la pieza, sin poder expresar su opinión, es un menoscabo de las facultades procesales de dichas partes", afirma el magistrado conservador.

Los dos magistrados discrepantes coinciden en subrayarr que la carta está suscrita, entre otros, por Casas y Jiménez, quienes están apartados de este asunto desde que se aprobó su abstención el pasado 16 de octubre.

Igualmente, muestran su discrepancia con el hecho de que Conde hubiera decidido que primero se debatieran las recusaciones del PP, pese a que éstas fueron presentadas con posterioridad al incidente planteado por el Gobierno contra ellos mismos.

A su juicio, deberían discutirse primero sus propias recusaciones, sin estar ellos presentes, dejando el debate sobre sus tres compañeros para una reunión posterior del Pleno, en función del resultado de la primera votación.

CARTA RODRÍGUEZ ARRIBAS.

La situación de bloqueo en la que se encuentra actualmente esta alta institución del Estado puede verse agravada tras hacerse pública una nueva carta, suscrita por el magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas, en la que éste puntualiza su postura con respecto a la misiva que firmó con otros cinco compañeros.

Así Rodríguez Arribas señala que "de haber comprendido que el documento se incorporaría a las actuaciones hubiera puesto de manifiesto (...) que viene a integrar una prueba preconstituida, (...)que resultaba inconveniente que junto a mi firma figurasen la de dos miembros de este tribunal abstenidos en dichas actuaciones, situación ya firme, y de otros tres recusados en las mismas, pendiente de resolución y finalmente que, aunque el contenido del documento responde a la verdad, no es toda la verdad".

Aclara este magistrado que en dicha reunión no se habló de la constitucionalidad de la LOTC, aunque sí es cierto que propuso la dimisión de la presidenta y el vicepresidente Jiménez y la convocatoria de un pleno para su ratificación en los cargos.