El tribunal cuestiona la instrucción de Ruz después de que algunos jueces criticaran la falta de objetividad del investigador policial
MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
Los 14 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han tratado de buscar un fallo de consenso sobre el chivatazo a ETA que contentara a todas las partes tras tantear que la votación sobre la posibilidad de enviar la causa a un juzgado de Irún (Guipúzcoa) iba a resultar muy ajustada, informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Las citadas fuentes indicaron que el sector que abogaba por retirar el delito de colaboración con organización terrorista a los tres procesados, encabezado por el presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, y el ponente José Ricardo de Prada, contaba con un máximo de ocho apoyos, por lo que una votación en este sentido habría provocado una imagen de máxima división en el tribunal.
En todo caso, el revocamiento del auto de procesamiento es interpretado como un varapalo al juez Pablo Ruz, que centró su instrucción en la labor que desarrolló el comisario Carlos Germán, jefe del equipo que investigó el aparato de extorsión de ETA y el posterior chivatazo.
En este sentido, durante el Pleno varios magistrados han criticado que el soplo, que se produjo el 4 de mayo de 2006, fuera investigado por el mismo equipo que dirigió la operación policial contra el aparato de extorsión, al considerar que podría haber actuado sin la suficiente objetividad.
NUEVA INVESTIGACIÓN O ARCHIVO
La decisión del tribunal, que estima la existencia de "indicios suficientes que revisten los caracteres de delito", obliga al juez Ruz a realizar nuevas diligencias de investigación para mantener el caso o bien archivar la causa por falta de autor conocido, como pidió la Fiscalía en octubre de 2009.
Entre las posibilidades que tiene ahora Ruz se encuentran las de aceptar las diligencias de investigación solicitadas por las defensas de los tres procesados, el exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés; y el inspector José María Ballesteros.
La defensa de Pamiés, por ejemplo, solicita que se tome declaración a los policías que integraban el equipo de investigación, se analice una nueva franja de llamadas entre los subordinados de Germán, se investiguen los encuentros que el dueño del 'Faisán', Joseba Elosua, tuvo antes del soplo y se anule la conversación en la que aseguraba que su comunicante le dio el chivatazo para "no fastidiar el proceso".
A este respecto, la defensa de Ballesteros presentó al juez una teoría alternativa del chivatazo que apuntaba a que fue realizado por el equipo de investigación dirigido por Germán y que éste se llevó a cabo desde el despacho del juez Fernando Grande-Marlaska.
