Creen que los expedientes persiguen "callar la boca a los guardias", "cercenar" el asociacionismo y evitar que traspase a las FFAA
VALENCIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Unificada de Guardias Civiles de la Comunitat Valenciana (AUGC) pedirá a las Corts y a los Ayuntamientos valencianos un "posicionamiento" de apoyo tras los 20 expedientes abiertos a guardias civiles, tres de ellos en la Comunitat, por concentrarse el 20 de enero en Madrid para pedir "derechos, deberes y salario equiparables al resto de fuerzas de seguridad, un nuevo régimen disciplinario, la democratización del cuerpo y el cumplimiento de estas reivindicaciones incluidas en el programa electoral del Gobierno", según informó hoy el ex secretario nacional de AUGC, Fernando Carrillo.
Carrillo, que anunció esta iniciativa en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por uno de los agentes expedientados, el secretario nacional de Formación y Salud Laboral de AUGC, Francisco Tébar, y por el secretario general provincial, José Rausell, indicó que pedirán el posicionamiento de las Corts y promoverán mociones en los Ayuntamientos de los municipios en que esté presente el cuerpo "en apoyo a los derechos de los guardias civiles" algo que, según dijo, ya están haciendo de motu propio algunos consistorios en otros puntos de España.
Asimismo, añadió que la organización tiene la intención de "reunirse con todas las formaciones políticas, tanto a nivel local como autonómico para llamar la atención sobre los problemas de la Guardia Civil". En una segunda fase, agregó, se iniciará una ronda de contactos con organizaciones sindicales y sociales". En este sentido, apuntó que "ya se están articulando apoyos de diversas plataformas, asociaciones y sindicatos que no van a permitir que se expediente a las personas por expresar un derecho fundamental como es el de asociación y manifestación", subrayó.
Los guardias valencianos expedientados, según explicó Carrillo, son el propio Tébar, que tiene su destino en Tráfico, en Valencia; el secretario de Organización de la asociación, José Julio Sempere, del puesto de Santa Pola, y el secretario general de la provincia de Alicante, Manuel Monsalve.
Los expedientes, según indicó Francisco Tébar, no van dirigidos contra las personas a las que se los han abierto, sino "contra el movimiento asociativo", algo que le parece "más grave", puesto que la AUGC representa "a miles de agentes". Al respecto, Carrillo señaló que uno de cada tres agentes pertenecen a la AUGC a nivel nacional, mientras que en la Comunitat Valenciana están afiliados uno de cada dos.
El ex secretario nacional de la AUGC incidió en la idea de que los expedientes no van dirigidos contra los agentes, ni siquiera contra la asociación, sino que "sólo" pretenden "callar la boca de los guardias en general", "cercenar el movimiento asociativo incipiente" y a tratar, "por daños colaterales", que este movimiento "no se traspase a las Fuerzas Armadas".
HUCHAS SOLIDARIAS
Carrillo manifestó, asimismo, que "si de algo han servido" los expedientes abiertos es para mover una corriente de solidaridad "como hacía mucho tiempo no se veía en la Guardia Civil". En este sentido, comentó que se han abierto huchas de solidaridad "de manera anónima" en algunos acuartelamientos para que guardias y civiles pongan dinero para que los agentes expedientados no vean afectado su patrimonio personal.
El ex dirigente de la AUGC insistió en que los expedientes "intentan frentar el asociacionismo", aunque transmitió la idea de que siguen abiertos al diálogo para alcanzar acuerdos" y aseguró que los 20 expedientados "están serenos, con firmeza y asumiendo la situación con responsabilidad".
Añadió que los ciudadanos valencianos "pueden estar tranquilos porque en primer lugar cumplimos con nuestro trabajo y en segundo lugar defendemos nuestros derechos", por lo que no se les puede "acusar de chantajistas".
Por otra parte, dijo que es "un grave atentado a la democracia que los guardias civiles no tengan derechos" y afirmó que "tras años y años manifestándose con distintos gobiernos y dos años y medio con borradores hechos respecto a la reforma en el cuerpo pero que no se llevan a cabo, la movilización del 20 de enero fue por pura desesperación", matizó.
En esta línea, Carrillo recordó que en la Comunitat hay actualmente alrededor de 400 guardias civiles de baja por problemas psicológicos y en el total del territorio español hay 3.000. Además, un guardia civil intenta suicidarse cada diez días, mientras en la última década se han prejubilado más de 4.000 agentes de entre 30 y 40 años, "situaciones que no se producen el resto de Fuerzas de Seguridad", señaló.
"CESADOS EN FUNCIONES"
Por su parte, Francisco Tébar explicó que, tanto él como otros 19 compañeros, han recibido la notificación de la apertura de expediente gubernativo "por una falta muy grave, por actos gravemente contrarios a la disciplina", precisó. A partir de ahí, dijo, las sanciones pueden ir desde el descenso en el escalafón, la suspensión de empleo y sueldo durante un tiempo determinado, a la expulsión del cuerpo.
Señaló, asimismo, que los expedientes, de momento, no tienen sanción, si bien "como medida cautelar" se les ha "cesado en funciones durante tres meses", aclaró.
Asimismo, secretario nacional de formación y salud laboral de AUGC consideró que con esta medida les han utilizado "como cabeza de turco para ir contra el movimiento asociativo en general", lo que, a su juicio, "es más grave todavía porque no se está respetando a los miles de compañeros" que representan, dijo.
