MALAGA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El fiscal delegado de la Fiscalía Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, aseguró hoy que el ex edil de Marbella (Málaga) Carlos Fernández, que tiene una orden de busca y captura por su presunta implicación en la trama de corrupción en el Ayuntamiento marbellí, es "un prófugo en sentido gramatical y en sentido jurídico es una persona a la que se le imputan unos hechos penales que está en ignorado paradero". "En la medida en que se presente, será detenido porque pesan sobre el mismo cargos importantes", apostilló.
En este sentido, López Caballero aseveró que "de colaboración con la justicia nada" y precisó, en una entrevista concedida a Europa Press, que al encontrarse "en ignorado paradero" se dictó la correspondiente orden de detención, "que me consta que está cursada y que la Policía la está ejecutando". "Lo que es cierto es que hasta ahora ha podido eludir la actuación policial", apuntó.
Insistió en que si decide presentarse ante la justicia, "será detenido, se le tomará declaración y se decidirá sobre su situación personal", al tiempo que añadió que los delitos que se le imputarían inicialmente serían "básicamente" los mismos que al resto de los detenidos en las distintas fases de la operación, es decir, cohecho "y, en función de la investigación, el de malversación de caudales públicos".
PUNTO ACTUAL DE LA INVESTIGACION
El fiscal explicó que la denominada operación 'Malaya' se encuentra en "fase instrucción judicial del procedimiento, que es la de consolidar los indicios, analizar toda la documentación obtenida y poniendo en relación esa documentación con testimonio y otras fuentes de investigación que se manejan".
Consideró difícil precisar cuánto tiempo puede tardar esta fase y aseguró que "la investigación no está cerrada y, por tanto, no se pueden descartar ni posibles actuaciones contra otras personas o que otras personas distintas tengan que comparecer en calidad de imputado o testigos".
Destacó el que se hayan practicado escuchas telefónicas en este tipo de delitos, lo que, según dijo, "no es frecuente" y subrayó que una actuación dirigida por el juez instructor, como es ésta, "permite con mayor perspectiva de éxito la investigación respecto a este tipo de hechos, que otras actuaciones como una querella".
Sobre la permanencia de los detenidos en prisión, donde aún hay 13 de los imputados, manifestó que "naturalmente que acabarán en libertad", al recordar que "la prisión en este momento es una medida cautelar y se sigue siendo inocente durante este periodo de tiempo". Así, defendió la actuación en este sentido frente a las críticas de algunos abogados sobre una supuesta utilización de forma indebida.
Precisó que la prisión preventiva "tiene unos motivos", como son el aseguramiento de las fuentes de prueba, cuando pueda existir un peligro de ocultación o alteración, y el riesgo de fuga, y aseguró que se está teniendo en cuenta "la doctrina del Tribunal Constitucional en la medida en que cuando pase el tiempo ambos riesgos se mitigan".
"En la medida en que la línea de investigación esté completada para los imputados, las consecuencias son naturalmente razonables, como son el levantamiento del secreto y permitir la libertad de los imputados en esa parte. No tengo ninguna duda de que nuestra actuación es razonable", añadió.