MADRID 16 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, dirigió hoy un comunicado a los presidentes de todos los tribunales superiores de justicia en relación con la convocatoria de juntas de jueces del próximo día 21 en protesta por las "injerencias políticas" relacionadas con el expediente abierto al juez de Sevilla Rafael Tirado. Dívar apela a la "responsabilidad habitual" de los jueces decanos, responsables de la convocatoria, y les conmina a celebrar estas reuniones "sin afectar al servicio público de la Administración de Justicia".
A las manifestaciones hechas públicas por los jueces decanos el pasado día 9 se han unido hoy las de los presidentes de las audiencias provinciales, reunidos hoy en Murcia, que han convocado también para el próximo martes "reuniones de magistrados" con el fin de expresar su "rechazo" a las manifestaciones de responsables políticos sobre la sanción que el CGPJ debería imponer a Tirado.
Se trata del titular del Juzgado de lo Penal de Sevilla número 1, a quien el CGPJ que cesó a finales del pasado mes de septiembre multó con 1.500 euros por los retrasos en la ejecución de una sentencia por abusos sexuales dictada contra Santiago Del Valle, el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés. La decisión final sobre Tirado está pendiente de la resolución que adopte el nuevo Consejo tras el recurso interpuesto por la Fiscalía, que pide que el juez sea suspendido por tres años.
La celebración de las juntas de jueces en los órganos de toda España coincidirá el próximo martes con el paro de tres horas convocado por los secretarios judiciales, que protestan por la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta por el Ministerio de Justicia a la secretaria del Juzgado de Tirado, Juana Gálvez.
REUNIONES DEL LUNES
Con el fin de adelantarse a las consecuencias que podrían tener todas estas movilizaciones, el Consejo ha convocado para el lunes, día 20, a una representación de los jueces decanos y a los representantes de las diferentes asociaciones de jueces y magistrados, que en los últimos días han venido manifestando su apoyo a la convocatoria de los jueces decanos.
En un comunicado hecho público hoy, el CGPJ informa que ha convocado a las diez de la mañana del próximo lunes a los representantes de las asociaciones y a las once y media a una delegación de jueces decanos "al objeto de analizar los problemas que afectan a la Administración de Justicia". Las reuniones estarán presididas por el propio Dívar.
EN LAS AUDIENCIAS.
En otra nota hecha pública también hoy, los presidentes de las Audiencias provinciales de toda España se refieren al "trato injusto y crítica desproporcionada por parte de algunos responsables políticos, pese a que son perfectamente conocedores de las carencias con las que se desarrolla el trabajo de muchos órganos judiciales".
Aunque no les citan, los magistrados se refieren tanto al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, como a la vicepresidenta primera y portavoz del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega. Ambos han reclamado públicamente una sanción más dura para el juez Tirado.
En opinión de los presidentes de las Audiencias, las manifestaciones de ambos "exceden de lo que es una crítica razonable, anticipando responsabilidades profesionales que corresponde decidir de forma exclusiva al CGPJ, enturbiando las reglas democráticas y la correcta separación entre los distintos poderes del Estado".
De forma parecida a lo que manifestaron los jueces decanos reunidos en Cádiz el pasado 9 de septiembre, los presidentes de las Audiencias confían en que el CGPJ tome sus decisiones "de forma libre e independiente, para que el régimen disciplinario no sea cauce de simple escarmiento ni de instrumento demagógico".
Asimismo, recuerdan las carencias del sistema judicial español "especialmente la sobrecarga de trabajo, la falta de modernización y la defectuosa gestión pública", por lo que los jueces "víctimas también del sistema, no pueden ser utilizados para encubrir las deficiencias de una organización con dificultades para ofrecer una tutela judicial efectiva".
A las críticas vertidas recientemente y en el mismo sentido tanto por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) como por Jueces para la Democracia (JpD) y otras asociaciones de jueces se sumaron hoy las de la Asociación de Fiscales.
Esta agrupación mostró su "solidaridad" con la secretaria judicial Juana Gálvez, quien es considerada por amplios sectores del mundo judicial como el chivo expiatorio de todo este asunto, "al ser sancionada no sólo por su conducta (...) sino por los trágicos sucesos ocurridos con posterioridad", en alusión al asesinato de Mari Luz.
"El denominado 'asunto Mari luz' sólo puede ser interpretado como una muestra de las fisuras del actual sistema judicial, y como tal, como un fracaso colectivo, que requiere de nuevos procedimientos y de una fuerte inversión en medios personales y materiales, que desde la Asociación de Fiscales se llevan reivindicando desde siempre, y que los sucesivos Gobiernos no han realizado de la manera adecuada", concluyen.