Secretarios judiciales se muestran "indignados" con la sanción impuesta e insisten en la "gran carga" de trabajo que deben soportar
SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La secretaria del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez, está estudiando recurrir la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo impuesta por el Ministerio de Justicia por su actuación relativa a la sentencia pendiente que el juez Rafael Tirado no ejecutó contra el presunto asesino de Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, según confirmaron fuentes del propio juzgado.
La resolución sobre el expediente disciplinario de Gálvez, que podrá ser recurrida a la jurisdicción Contencioso-administrativa, indica que la actuación de la secretaria es constitutiva de una "falta grave" por "negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones de dación de cuenta, impulso y ordenación del proceso y de sus competencias de organización, gestión, inspección y dirección técnico-procesal de los funcionarios".
Ante esta situación, distintos secretarios judiciales de Sevilla mostraron hoy su "indignación" por la sanción y alertaron de la "gran cantidad" de trabajo que soportan los juzgados. "Desde las reformas en materia de seguridad vial, además, tenemos más trabajo que antes", indicaba un secretario, quien dijo que han pedido a la Junta "medidas de autorefuerzo hace meses y aún no han tenido respuestas".
En esta línea de "indignación, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales ya consideró el pasado viernes que la sanción pone de manifiesto que el Ministerio de Justicia ha buscado "un chivo expiatorio" al que dar "un escarmiento ejemplar".
De otro lado, los funcionarios del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla salieron hoy en defensa de Juana Gálvez mediante un comunicado en el que consideran "totalmente injusto" que se criminalice a una persona sobre un problema que "atañe a todos los juzgados penales de España".
Al hilo de ello, los funcionarios recordaron que "según manifestaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay más de 270.000 sentencias pendientes de ejecutar y a nadie se le escapa que de esos 270.000 delincuentes condenados un importantísimo número sigue cometiendo delitos, aunque afortunadamente pocos, o casi ninguno, cometen delitos tan atroces como el cometido sobre la pequeña Mari Luz".
En este sentido, indicaron que la "excesiva" sanción impuesta a Juana Gálvez "obedece a cuestiones políticas, siendo precisamente los políticos los que han provocado esta lamentable situación". "Es mucho más barato y fácil dar castigo ejemplar a una o dos personas cuando algo salga mal, que solucionar de una vez los problemas de saturación que tenemos que soportar", concluyeron.
