Ve necesario el aforamiento de la Reina y los Príncipes y pide más medios materiales y humanos para casos complejos
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, ha subrayado este jueves que será el Tribunal Supremo quien "diga la última palabra" sobre si los tribunales españoles tienen competencia para juzgar a los narcotraficantes extranjeros detenidos en aguas internacionales, en el caso de que el Ministerio Fiscal recurra la excarcelación de 13 de ellos que se encontraban en prisión a la espera de juicio.
En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Grande-Marlaska ha explicado que la cuestión no es si los detenidos pueden quedar en libertad, sino si, tras las reciente reforma de la justicia universal, los tribunales españoles son competentes para juzgar a detenidos en aguas internacionales si no se dirigen a España, no son españoles y su barco no tiene pabellón español.
El Pleno de la Sala de lo Penal acordó el pasado 28 de abril la excarcelación de 13 presuntos narcotraficantes que estaban a la espera de juicio, pero Grande-Marlaska y otros dos magistrados --Concepción Espejel y Ángel Hurtado-- emitieron un voto particular en el que defienden, tras pedir un dictamen lingüístico a la Real Academia de la Lengua, que los delitos de "ejecución" de tráfico de drogas pueden ser perseguidos por los tribunales españoles en cualquier caso.
"Ha habido un voto particular que ha entendido que sí había competencia en esta materia y, para el caso de recurriera el Ministerio Fiscal, que el Tribunal Supremo dirá la última palabra", ha explicado.
El magistrado ha incidido en que, les guste o no, "las leyes están para aplicarlas", en términos estrictos, siempre que sean constitucionales, y ha recordado que si los jueces tienen dudas de la constitucionalidad de alguna ley tienen a su disposición plantear cuestiones de constitucionalidad --ante el Tribunal Constitucional--.
Por otro lado, el magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera necesaria una "reflexión" sobre el aforamiento, porque cree que el número de aforados, jueces incluidos, es "excesivo". En todo caso, cree la reflexión hay que hacerla no sobre el número, sino sobre las instituciones que deben tener "protección" frente a ataques.
De hecho, cree que hay quien sí debería estar aforado y no lo está, y ha puesto como ejemplo a la Reina y los Príncipes --cuyo aforamiento está previsto en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial-- porque "forman parte de la Jefatura del Estado", aunque no la ejerzan, y tienen "facultades importantes de representación del Estado".
INSTRUCCIÓN COLEGIADA
En cuanto a la reforma de la instrucción penal para ponerla en manos de un "triunvirato" de jueces, cree que esta reforma se hace mirando al futuro, es decir, previendo que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal ponga la instrucción --al menos de algunos casos-- en manos del fiscal.
En ese caso, el trío de jueces sería una especie de tribunal de garantías encargado de las medidas limitativas de derechos fundamentales, como los registros o las intervenciones telefónicas. En su opinión, la reforma está pensada para este escenario, porque considera que una instrucción manos de un órgano colegiado puede ser "complejo".
El magistrado ha reconocido que para los ciudadanos es difícil de entender que un juez tarde tanto en instruir una causa, pero ha explicado que algunas son muy complejas, con piezas separadas y necesidad de cooperación internacional. Y ha recalcado que los jueces, además de ejercer su responsabilidad, necesitan "más medios materiales y humanos".
VALORA A QUIENES TRABAJAN "SIN ENTRAR EN ESTRELLATOS"
Para Grande-Marlaska, no hay "jueces estrella ni fiscales estrella", sino "gente profesional trabajando sin entrar en estrellatos". En esa línea, ha evitado valorar el impacto en la imagen de la Justicia del caso de Elpidio José Silva, juzgado por presunta prevaricación, y ha preferido destacar que "lo que sí ayuda" a la Justicia son la "casi totalidad" de profesionales que "están todo el día bregando y trabajando".
Preguntado por las imputaciones de cargos políticos, cree que la cuestión de si deben dimitir corresponde a la ética de cada uno y a cómo tengan "asumido el concepto de ética pública". Eso sí, ha recordado que en el caso de los jueces está reglamentado que cuando hay un auto de procesamiento o se abre juicio oral, tiene que ser apartado de las funciones mientras se resuelve el caso.
