MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones que presentaron la demanda por delitos de lesa humanidad ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por las desapariciones antes, durante y después de la Guerra Civil quieren que el magistrado las considere "crímenes contra la humanidad" y que "determine la responsabilidad del Estado a través de la vía penal, de la existencia de delitos".
Según explicó a Europa Press una de las juristas de estas asociaciones, Margalida Capellà, el objetivo es "que el Estado investigue las desapareciones y las fosas y que paguen a las familias apra que busquen a los huesos del abuelo", una "obligación" con la que "no ha cumplido".
Así, indicó, y dado que en España "no hay una entidad" que pueda hacer esa investigación, como las 'comisiones de la verdad' creadas en países como Argentina o Chile o una fiscalía especializada, las asociaciones han acudido a los tribunales para que establezcan las responsabilidades del Estado.
De esta manera, Capellà señaló que ahora, con la petición del juez Garzón de listas de desaparecidos a ayuntamientos y otras instituciones para elaborar un censo, lo que las asociaciones pretenden es que el magistrado de la Audiencia Nacional califique esas desapariciones como "crímenes contra la humanidad", dado que fueron "delitos cometidos contra la población civil" que se cometieron "de manera masiva o sistemática". Así, explicó, estos delitos serían "imprescriptibles y de efectos permanentes".
A partir de ahí, continúo, aunque "no va a encontrar a los culpables", el juez podrá determinar "las responsabilidades civiles y del Estado", indicó la abogada. Según indicó, Garzón podría abrir una causa aunque 'a priori' no haya un sujeto a quien adjudicar una responsabilidad penal, como ya ha ocurrido "en muchos países donde se han cometido delitos contra la humanidad".
Según indicó Capellà, las asociaciones han acogido con "satisfacción" las diligencias abiertas por el magistrado de la Audiencia Nacional, aunque con "cautela" porque desconocen "a dónde van a llevar estos primeros pasos de la investigación". Además, agregó, quieren que "no haya dilaciones indebidas", ya que hay muchos afectados que "son muy mayores" y esta situación les está creando "mucha angustia".
