MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, solicitó hoy la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, para que expliquen su rechazo a la iniciativa del juez Baltasar Garzón de investigar los crímenes de la dictadura franquista, una actitud, a su juicio, "hipócrita" e indefendible".
En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Llamazares reiteró su respaldo al auto dictado ayer por Garzón argumentando que, si este tipo de investigaciones pudieron realizarse sobre las dictaduras chilena y argentina, bajo amparo del Derecho y la jurisdicción penal internacional, también debe ocurrir lo mismo en el caso español.
Llamazares se mostró especialmente crítico con la actitud del Gobierno, al que acusó de haber "defendido con la boca pequeña le legitimidad de la iniciativa de Garzón" para después "paralizarla con la boca grande" a través de la Fiscalía, que ha presentado un recurso contra la resolución judicial. Por ello, quiere que De la Vega responda en el Congreso por esta "actitud hipócrita" y que Conde Pumpido explique, también en sede parlamentaria, el veto de la Fiscalía.
LAS MENTIRAS DE LA FISCALÍA
Además, acusó al Ministerio Fiscal de utilizar "argumentos falsos e ignorantes" en su recurso al afirmar que la conocida como Ley de Memoria Histórica es incompatible con la investigación que promueve Garzón. "Es mentira", sentenció, recordando que esa norma dice "explícitamente" que "la reparación administrativa es compatible con la reclamación judicial de la víctimas".
En opinión de Llamazares, al oponerse a esta investigación, Conde Pumpido "se aleja de las víctimas" y "denigra" un proceso que "honra a la Justicia española". "¿A qué juega el fiscal general, a defender la continuidad histórica entre el franquismo y la democracia española?", se preguntó, para subrayar a continuación que esa continuidad no existe porque la Constitución supuso una "ruptura" con la "legalidad franquista".
Llamazares, que considera que el veto del Ministerio Público sólo se comprende por "una malentendida razón de Estado" que se "antepone a a las víctimas y la búsqueda de la verdad", arremetió también contra el fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por haber convocado al Pleno de la Sala de lo Penal para "desautorizar al juez Garzón".