Garzón vuelve a pedir al Supremo que archive la querella por prevaricación
MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por presunta prevaricación al investigar las desapariciones del franquismo, negó hoy que este órgano le haya entregado una lista completa de víctimas tal y como denunciaron ayer la defensa del propio magistrado y las asociaciones de memoria histórica.
En una nota de prensa distribuida hoy, esta asociación, que ejerce la acusación contra Garzón junto a la asociación Libertad e Identidad, señala además, que en ningún momento ha solicitado dichos datos, que "no tienen nada que ver con el presunto delito de prevaricación" que atribuyen al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
A juicio de esta parte, Garzón "se quiere hacer la víctima para exonerarse de su responsabilidad" y trata de amedrentar al instructor de la causa, Luciano Varela, "lanzando acusaciones falsas, tendenciosas y sectarias con el objetivo de deslegitimar la misma".
ESCRITO DE GARZÓN.
Estas afirmaciones responden al escrito presentado ayer ante el alto tribunal por la defensa de Garzón, en la que su abogado, Gonzalo Martínez Fresneda, solicita al magistrado instructor que finalice "la instrucción inquisitorial" y "prospectiva" contra su cliente y acuerde el archivo de las actuaciones.
En su escrito, el letrado de Garzón insiste en la línea de lo ya solicitado a la Sala el pasado 1 de octubre, cuando insistió en los motivos por los que se declaró competente para investigar este asunto.
Según Martínez Fresneda, cuando su cliente recibió las denuncias de los familiares de los represaliados solicitó a diversos organismos del Estado un informe sobre el número e identidad de los desaparecidos forzados en la Guerra Civil y en la primera posguerra. "Sorprendentemente, ningún órgano público pudo contestar su pregunta", afirma.
El letrado añadía que, "por asombroso que pueda parecer, a día de hoy y en un país de la UE, ninguno de los organismos competentes de la Administración civil ni militar ni de la Administración de Justicia dispone de algo que se parezca, ya no a un censo de víctimas, sino de una cifra total de desaparecidos y muertos como consecuencia de la violencia desplegada por los sublevados de 1936 y sus partidarios". Es decir, los crímenes cometidos "por los alzados" nunca han sido investigados ni sus víctimas reparadas, insiste.
Se defiende igualmente que el titular del Juzgado central de Instrucción número 5 no ha dictado resolución injusta de ninguna clase (lo que supondría la prevaricación), así como en la legitimidad de la base fáctica (los hechos denunciados, que sin duda sucedieron y dogmática (se cometieron hechos antijurídicos y culpables) de su actuación.
"No dudamos que para los querellantes populares -que muestran una inocultada coincidencia ideológica con los responsables de los crímenes masivos denunciados ante el Juzgado Central de Instrucción número 5- todas las decisiones adoptadas por mi mandante sean incómodas, e incluso injustas y merecedoras de sanción. Pero esto no basta para una querella", apuntaba el escrito.
