Al menos 8 de los 18 detenidos en la operación contra la corrupción en Alhaurín llegan al juzgado de Coín (Málaga)

Actualizado: miércoles, 20 junio 2007 12:10

MÁLAGA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho de los 18 detenidos ayer dentro de la segunda fase de la operación contra la corrupción urbanística en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande, denominada 'Troya' y que se inició en enero de este año, han sido trasladados ya a los juzgados de Coín (Málaga) para prestar declaración después de haber pasado la noche en la Comisaría Provincial.

Así, desde primera hora de la mañana empezaron a ser llevados desde la Comisaría Provincial de Málaga a los juzgados de Coín, según informaron a Europa Press fuentes policiales, que precisaron que, por el momento, han sido trasladadas ocho personas.

La Policía Nacional desarrolla desde ayer un operativo por el que se han arrestado a personas relacionadas con el mundo empresarial, del sector de la construcción. El delito que se les imputaría sería inicialmente el de cohecho. En su mayoría, son pequeños empresarios muy conocidos en la localidad.

Los arrestados están siendo trasladados a la Comisaría Provincial de Málaga, donde previsiblemente pasarán la noche para pasar a disposición judicial en las próximas horas, probablemente a partir de mañana. Las actuaciones están declaradas secretas.

El operativo se está desarrollando por parte de efectivos de la Unidad de Delincuencia y Crimen Organizado (Udyco) y las detenciones se han producido por orden judicial en Alhaurín el Grande, en Málaga capital y en otras zonas de la provincia.

Esta operación es continuación de la desarrollada el 18 de enero de este año que se saldó con la detención del alcalde de dicha localidad, Juan Martín Serón, y del concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, para los que la juez sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coín (Málaga) decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros por los delitos de cohecho y prevaricación.

La juez indicaba en sus autos, a los que tuvo acceso Europa Press, que existían motivos, a través de las intervenciones telefónicas, para estimar que el edil exigió dádivas "a cambio de la obtención de una licencia que él mismo viene a declarar ilegal, todo ello en connivencia con el alcalde".