La oposición pide modificar el Reglamento de la Cámara para exigir la Memoria Económica de las leyes antes de ser tramitadas
SEVILLA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Parlamento andaluz rechazó hoy las solicitudes de PP e IULV-CA relativas a la suspensión de la tramitación del proyecto de Ley de Educación hasta que el Consejo de Gobierno presente y facilite a los grupos parlamentarios la Memoria Económica de la nueva norma.
Así, tras conocer la decisión de la Mesa del Parlamento, los portavoz parlamentarios aprovecharon la celebración de la Junta de Portavoces para abrir un debate sobre la necesidad de que se proceda a la modificación del artículo 109 del Reglamento de la Cámara autonómica para especificar que entre los documentos necesarios para aceptar el trámite de una ley se incluya como obligatoria su Memoria Económica.
En este sentido, los grupos parlamentarios de PP e IULV-CA solicitaron la paralización de la tramitación de la Ley después de comprobar que "no contábamos con la memoria Económica" de dicha ley, pese a la "insistencia de la consejera de Educación, Cándida Martínez, durante el debate parlamentario".
"La consejera nos aconsejó revisar la Memoria Económica ante nuestras críticas, algo que no pudimos hacer porque no contábamos con esta información", apuntó la portavoz de IULV-CA, Concha Caballero, que lamentó la "falta de dicha información".
La situación creada hizo que todos los grupos de la oposición (PP, IULV-CA y PA) reclamarán la necesidad de abordar la revisión del artículo 109 del Reglamento de la Cámara, ya que en estos momentos establece que "los proyectos de ley remitidos por el Consejo de Gobierno deben ir acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellos", sin especificar los documentos, ante lo que la oposición pretende que se concrete que la Memoria Económica debe ser presentada.
De esta forma, la presidenta del Parlamento andaluz, María del Mar Moreno, intervino para dejar claro que por el momento, la Mesa del Parlamento está interpretando el artículo 109 de tal forma que "sólo exigimos el informe del Consejo Consultivo", ante lo que aclaró que "para exigir cualquier otro documento, debería darse un acuerdo de la Mesa". Asimismo, se refirió a la posibilidad de modificar el contenido de dicho artículo, pero dejando claro que "no tendría efecto retroactivo".
Por su parte, la portavoz del PP-A, Esperanza Oña, lamentó la situación creada y el hecho de que se haya tenido que debatir una Ley "sin contar con todos los datos necesarios". Así, dijo que "no tiene sentido que la Memoria Económica nos sea remitido en la mañana de hoy, una semana después de debatir la Ley".
Mientras, la portavoz parlamentaria de IULV-CA, Concha Caballero, criticó el comportamiento de la consejera de Educación, Cándida Martínez, que "durante el debate de la Ley no dijo la verdad y afirmó que contábamos con la Memoria Económica, algo que no era verdad". "La consejera basó su intervención en la Memoria Económica, sin embargo, no teníamos ese dato, por lo que nos parece necesario proceder a la modificación del Reglamento para saber a qué nos atenemos", apuntó.
"LA MEMORIA ECONÓMICA NO SE DEBE REMITIR".
La portavoz del PA en el Parlamento andaluz, Pilar González, también denunció la situación creada y criticó que la información no haya sido remitida a los grupos parlamentarios hasta una semana después de celebrar el debate.
Ante las críticas y reclamaciones de la oposición, el portavoz parlamentario del PSOE, Manuel Gracia, se refirió al reglamento para defender el comportamiento de la consejera de Educación, a la vez que dejó claro que "la consejera ha decidido remitir esta información porque lo ha considera oportuno, pero en realidad no se tiene que enviar, como queda claro ante el hecho de que nunca se ha hecho con las más de 40 leyes que se han tramitado".
Por último, la secretaria de Relaciones con el Parlamento, Clara Aguilera, dijo que los grupos parlamentarios de PP e IULV-CA han hecho una "reclamación inadecuada", puesto que "pese a que el Gobierno remitió la Ley el pasado 8 de junio, la petición de PP e IU se ha registrado tres meses y medio después".
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