Nueva Canarias insiste en que Soria (PP) debe evitar el pago de 92 millones de euros por la sentencia del 'Caso Tebeto'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nueva Canarias (NC) considera "impropias de un cargo público" las declaraciones del vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno autonómico, José Manuel Soria (PP), que alegó respecto a la sentencia de 'Caso Tebeto' que "si hay que pagar se paga", ante lo que la formación nacionalista planteó que "lo que debe hacer Soria es evitar el pago de los 92 millones de euros" que obliga la resolución judicial.

Así lo pone de manifiesto NC en un comunicado, en el que indica que "evidente que cuando la sentencia sea firme e inapelable y reconozca los derechos de extracción minera a un particular, al Gobierno de Canarias no le quedará más remedio que pagar los millones de indemnización que ordenen los tribunales de justicia".

Sin embargo, lamenta que la "actitud" del vicepresidente sea de "resignación cuando ahora aún existe la etapa de que el Gobierno canario ponga todos los esfuerzos y recursos jurídicos para evitar pagar 92 millones de euros de las arcas públicas a un particular que no ha creado ni un puesto de trabajo ni ha movido una sola piedra".

En opinión de la organización nacionalista, "ha habido negligencia y dejadez" por parte del Gobierno canario respecto a este asunto, ya que entiende que la administración "no sólo no está por la labor de depurar responsabilidades, generando un bochornoso espectáculo al negarse a crear una comisión de investigación, sino que tampoco ha presentado batalla para defender adecuadamente los intereses de Canarias ante los de un particular".

"No hay que olvidar que el responsable de este desaguisado fue el entonces consejero de Industria del Gobierno regional, Luis Soria, y el entonces director general de Industria, Celso Perdomo (imputado por el 'Caso Eólico'), ambos del PP y personas cercanas al vicepresidente", según NC, que destaca que "fueron estos cargos del Ejecutivo quienes concedieron un derecho de extracción minera en Tebeto, un lugar donde la legislación territorial existente impedía explotarla".

En este sentido, NC reitera su llamamiento a las fuerzas políticas con representación en el Parlamento canario para que "busquen el entendimiento y la forma de hacer que las arcas públicas no sufran el varapalo de la sentencia".

No obstante, subraya que "es el Gobierno de Canarias quien debe liderar esta lucha porque ante todo debe defender el interés de los ciudadanos y evitar que 92 millones de euros de dinero público vayan a parar a los bolsillos de un particular por una sentencia sin precedentes en la jurisprudencia".