MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y diputado en el Congreso, Pedro Quevedo, va a registrar una proposición no de ley en la que pedirá al Gobierno que devuelva las instalaciones que ahora acogen la base naval de esta ciudad a las autoridades locales para que se les dé un uso civil.
Según explica el diputado en su iniciativa, a debatir en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, las citadas instalaciones siguen siendo destinadas a un uso militar cuando "es evidente, y así lo ha reconocido el propio Ministerio de Defensa en varias ocasiones, que los motivos que justificaron su ocupación ya han quedado obsoletos".
Para Quevedo, es "absolutamente necesario dar una vuelta de tuerca a este conflicto que ya se alarga 74 años", pero ha recordado que el ministerio ha dicho estar "dispuesto a estudiar alternativas de ubicación en la isla de Gran Canaria siempre que el nuevo emplazamiento que satisfaga todos los requisitos técnicos exigidos por la Armada para una base naval moderna", pero que esto "no suponga coste alguno para el presupuesto" de Defensa.
En este sentido, Quevedo exigirá al departamento que dirige Pedro Morenés una modificación de su posición consistente en "trasladar" a las instituciones canarias la elección de la nueva ubicación de la referida base e "incluso el coste de la misma".
ES "LÓGICO" QUE DEFENSA ASUMA EL TRASLADO
"Es verdad que atravesamos un momento difícil en cuanto a las disponibilidades presupuestarias que quizás se necesiten para acometer un proyecto de esta envergadura, pero también es cierto que se requiere de un recorrido previo que no implica ningún coste y que podría ser el momento de comenzar a acometer", ha explicado.
"La ocupación de ese espacio se hizo sin respetar la legalidad vigente de la época y sin que la ciudad recibiera compensación alguna, por lo que no tiene ninguna lógica que se pretenda que sea otra institución quien asuma el traslado", ha añadido.
El diputado quiere que Defensa promueva la creación de una comisión en la que estén representados tanto el ministerio como el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas al objeto de "hacer efectiva la recuperación de la base naval para su uso ciudadano". También pide que la nueva ubicación de la base sea fruto de un "proceso de consenso".
