La nueva ley de tasas judiciales podría incluir una reducción de las cuantías en el orden Social

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Congreso de los Diputados están valorando la posibilidad de reducir de forma "importante" las tasas que introduce por primera vez en el orden Social el proyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El Partido Popular se muestra dispuesto a discutir una rebaja de las tasas aplicadas en vía de suplicación y casación en la Jurisdicción que resuelve los conflictos en materia laboral. La nueva regulación contempla que los recursos pasen de ser gratuitos a tener unas tasas de 500 y 750 euros, respectivamente.

La exclusión de la Jurisdicción Social ha sido una reivindicación reclamada por unanimidad por los grupos de la oposición que tienen en cuenta el previsible aumento de la litigiosidad que pueden registrar los juzgados en materia laboral.

La Comisión de Justicia del Congreso fijó en un principio para el próximo lunes el debate de las enmiendas al articulado de este proyecto de ley aunque, finalmente, ha retrasado las deliberaciones para el miércoles. El texto, que se tramita con carácter de urgencia, será remitido directamente al Pleno del Senado con la previsión de aprobarse a principios de noviembre.

La Comisión de Justicia tiene competencia legislativa plena para dar luz verde a esta norma que ya superó su primer filtro parlamentario el pasado lunes cuando la mayoría absoluta del PP permitió rechazar las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición.

DEBATE DE ENMIENDAS

Los grupos debatirán así en la sesión del miércoles las enmiendas al proyecto que contempla una subida de las tasas judiciales de entre 50 y 750 euros. El PP quiere ampliar el número de supuestos en los que los ciudadanos están exentos del pago de las cuantías, como por ejemplo cuando recurran en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

A su juicio, no pueden sufrir "un menoscabo patrimonial" cuando la Administración no ha cumplido con su "elemental obligación de resolver y notificar en plazo o de actuar, cuando así lo prevé el ordenamiento jurídico".

En las enmiendas, los 'populares' solicitan que los funcionarios públicos se libren del pago en el momento en el que interpongan recursos contencioso-administrativos en defensa de sus derechos estatutarios. "Se evita discriminar a los funcionarios públicos respecto a los trabajadores en el orden social que, en ningún caso, pagan la tasa", argumentan.

La iniciativa del PP que propone excluir del abono de la tasa a quienes impulsen un procedimiento monitorio cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 2.000 euros ya fue asumida por el ministro Ruiz-Gallardón durante el debate de totalidad.

Por su parte, el PSOE exigirá en la Comisión de Justicia una rebaja generalizada de las cuantías y que se libere el orden Social del pago de las tasas. En su opinión, éstas no deben afectar ni a personas físicas ni jurídicas sin ánimo de lucro y es necesario un criterio modulador para el resto de sociedades en función de su volumen.

En términos generales, el grupo pide una rebaja de las tasas establecidas por el Gobierno en lo Civil y en lo Contencioso-Administrativo. Como ejemplo, reduce de 1.200 a 800 la tasa en casación y aminora de 800 a 500 euros en la apelación. Suprime además la tasa en suplicación y casación en el orden Social.

En consonancia con una enmienda presentada por el PP, rebaja la base imponible de la tasa en los procedimientos de cuantía indeterminada de 20.000 a 18.000 euros de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Cuando el texto, que se tramita por el procedimiento de urgencia, supere el filtro del Congreso de los Diputados será remitido al Pleno del Senado donde podría aprobarse en el plazo de tres semanas, según fuentes de la Cámara.

Con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se cumplirían las previsiones del Ministerio de Justicia de que las tasas estén plenamente vigentes el próximo año.

Este proyecto de ley ha recibido la crítica de las asociaciones judiciales, fiscales y de secretarios judiciales y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por entender que la elevada cuantía de las tasas "cercena" el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos amparándose en un afán "recaudatorio" y "disuasorio".

Las subidas más destacadas que introduce la nueva ley se producen en los casos de apelación del ámbito Civil y Contencioso-Administrativo, que se incrementan en 500 euros, y en la casación de esos mismos órdenes, que pasan de 600 a 1.200 euros.

El ministro ha defendido la constitucionalidad de la ley que regula una subida de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con la que calcula recaudar unos ingresos anuales de 306 millones de euros, frente a los 164 millones obtenidos en 2011.