La ley vigente exige demostrar que el acto terrorista va dirigido contra intereses españoles
MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La nueva Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo que se tramita en el Congreso facilitaría a los tres cooperantes españoles secuestrados en Mauritania por Al Qaeda la posibilidad de ser reconocidos como víctimas y cobrar indemnización por ello, que oscilaría entre los 14.400 euros y los 19.200.
La actual legislación establece tres requisitos para reconocer como víctima a quienes sufren atentados fuera de España. El primero de ellos es ser ciudadano español, seguido por la confirmación de que se trata de un acto terrorista y no otro tipo de ataque, como los que pueden perpetrar los piratas somalíes o grupos mafiosos.
El tercero de los requisitos es que el atentado se haya perpetrado contra intereses españoles. El ejemplo más claro de este supuesto es el atentado cometido en Casablanca en 2003 en la Casa de España, en el que fallecieron cuatro ciudadanos españoles.
Este requisito es el que obliga a estudiar a fondo muchos de los atentados sufridos por españoles en el exterior, como el caso de los tres cooperantes catalanes. Según ha asegurado a Europa Press el director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, en la actualidad hay entre 20 y 30 casos que se encuentran en esta fase de estudio. Uno de ellos es el de un joven herido en Egipto en unos atentados perpetrados en julio de 2005.
En cualquier caso, este camino quedaría despejado con la nueva legislación que todavía se encuentra en fase de enmiendas en el Congreso, que tiene carácter retroactivo desde 1960 y ya incluye la calificación de víctima de todos los ciudadanos que sufran acciones terroristas fuera del territorio nacional al suprimir este tercer supuesto.
Pese a ello también limita las indemnizaciones, y en caso de que el español no tenga su residencia habitual en el país en el que sufra el atentado terrorista --la situación de los cooperantes-- percibirán el 40 por ciento de la cantidad reconocida para las víctimas si disponen de algún tipo de aseguramiento y el 30 por ciento si no cuentan con esta protección.
Según las cuantías propuestas en el borrador de la proposición de ley, los secuestrados tienen derecho a una indemnización fija de 12.000 euros a los que se debe sumar 180 euros por cada día que hayan sido retenidos, con un máximo de 36.000 euros. Aplicando estas cantidades y el recorte establecido, Albert Vilalta, Roque Pascual y Alicia Gámez tendrían derecho a una indemnización entre 19.200 y 14.400 euros.
RECOPILAR INFORMACIÓN
El Ministerio del Interior tendrá la última palabra en relación a las peticiones de indemnización como víctimas solicitadas por los tres cooperantes secuestrados por AQMI. El Departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba cuenta con un plazo máximo de un año desde la petición para estudiar a fondo las razones esgrimidas por los solicitantes antes de decidir si merecen o no la condición de víctimas del terrorismo.
En concreto, ese plazo máximo de tiempo se destina a recopilar toda la información relativa al caso para adoptar una resolución motivada. El plazo con el que cuentan los solicitantes para pedir la indemnización desde que se produce el acto por el que consideran que deben ser reparadas también es de un año.
El presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), José Vargas, ha asegurado que la organización ha preguntado al Ministerio de Interior si los tres cooperantes catalanes --Albert Vilalta, Roque Pascual y Alicia Gámez-- secuestrados en Malí pueden ser reconocidos como víctimas de terrorismo.
En declaraciones este jueves a Europa Press, ha remarcado que para la asociación los tres cooperantes son "víctimas del terrorismo" y que lo que han hecho es asesorarles y ayudarles en todas las dudas que podrían tener sobre su estatus.
