Odyssey pide a España una indemnización de 5 millones de euros por la orden de captura contra sus buques, según Molina

BRUSELAS 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa norteamericana Odyssey ha pedido ante el tribunal de Tampa, en Estados Unidos, una indemnización de 5 millones de euros por los daños y perjuicios causados por la orden de busca y captura contra sus buques dictada por la jueza de La Línea de la Concepción, según desveló hoy el ministro de Cultura, César Antonio Molina.

"Odyssey solicita ahora al juez una indemnización por un valor de de 5 millones de euros por los daños y perjuicios que le habría causado la orden judicial dictada por la jueza de La Línea de la Concepción, en Cádiz, de búsqueda y captura contra sus buques", explicó Molina al término de la reunión de ministros de Cultura de la UE.

El ministro dejó claro que el Gobierno "rechaza abiertamente dicha petición" porque a su juicio "entra en abierta contradicción con los principios generales del derecho, según los cuales, una autoridad judicial extranjera, como es el juez de Tampa, no puede juzgar ni entrar a valorar las resoluciones adoptadas por los tribunales de otro Estado soberano en el legítimo ejercicio de sus competencias jurisdiccionales".

Molina subrayó que "en España, como en cualquier otro Estado democrático de derecho el poder judicial actúa con plena independencia del Ejecutivo" y que por ello no podía realizar más comentarios sobre esta cuestión. No obstante, reiteró que el Gobierno va a seguir defendiendo en todos los foros "el derecho de los españoles a conservar su propio patrimonio".

Odyssey presentó esta solicitud de indemnización ante el tribunal de Tampa el pasado 14 de noviembre junto con sus últimas alegaciones, y España responderá oficialmente a través de su abogado el próximo lunes 19 de noviembre, según avanzó el ministro. La audiencia de las partes ante el juez previa al juicio oral ha quedado fijada para el día 26 de noviembre.

Molina insistió en que el buque saqueado por Odyssey "con bastante seguridad tenía bandera española". "No ha dicho qué galeón era, de qué bandera, en qué aguas estaba, cuándo lo sacó. ¿Por qué no dice todo eso, si se lo reclaman el juez y los abogados?", destacó el ministro, que recordó que la legislación española "prohíbe la explotación" de este patrimonio.

El ministro pidió este viernes a sus homólogos de la UE la creación de una "lista roja" que dificulte el comercio ilícito de bienes procedentes del patrimonio subacuático y otras medidas para proteger el patrimonio europeo. Explicó que su iniciativa fue respaldada por Portugal, Francia, Italia, Grecia, Rumania, Polonia, Malta y Reino Unido, que fue "el más tibio".

Molina destacó la necesidad de la UE "de colmar cuanto antes el actual vacío jurídico" en lo que se refiere a la protección del patrimonio subacuático europeo. "Es importante sacar esto a la luz y ayudar a desacreditar a esas empresas que se dedican a la violación del patrimonio histórico y artístico de la comunidad europea".