MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo decidió hoy continuar con el procedimiento judicial abierto contra los humoristas gráficos Guillermo Torres y Manel Fontdevilla, autores de la caricatura de los Príncipes de Asturias que provocó el secuestro de la revista satírica "El Jueves", al apreciar indicios de que podrían haber incurrido en delitos de injurias o menoscabo al prestigio de la Corona, por lo que pide a la Fiscalía que, en el plazo de diez días, formule escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa contra ellos.
En su auto, el juez explica que la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Constitución ampara "incluso el rechazo de la Institución Monárquica y de su autoridad como forma de Estado adoptada por la Constitución de 1978", si bien "no protege expresiones contra el honor que afecte al núcleo último de la dignidad de las personas, por ser innecesarias y desproporcionadas para la formación de la opinión pública".
En este caso, Del Olmo coincide con el criterio de la Fiscalía en que la aparición de una caricatura de los príncipes, "desnudos, caracterizando una explícita postural sexual," y los textos que se les atribuyen podrían incurrir en los delitos de los artículos 491.1 o 491.2 del Código Penal, penados con multa de entre 4 y 24 meses. Si el fiscal presenta escrito de acusación, los humoristas se sentarán en el banquillo ante el juez central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrrubia.
El auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 señala que de la investigación practicada cabe inferir que el director de "El Jueves", Albert Monteys, encargó al dibujante Guillermo Torres y al guionista Manel Fontdevila dibujar una portada sobre el tema de la ayuda de los 2.500 por hijo anunciada por el Gobierno. El responsable de la elección del dibujo, de los personajes y del texto fue Fontdevila, quien trasladó a Guillermo el boceto y el texto "para la ejecución del dibujo-caricatura", según detalla el magistrado en su auto.
De todo ello, Del Olmo infiere la "presunta participación o intervención" de los humoristas gráficos "en actuaciones presuntamente delictivas que cabría calificar indiciaria e inicialmente como supuesto delito del artículo 491.1 o 2 del Código Penal", cuya competencia corresponde a la Audiencia nacional. Pide al fiscal que formule escrito de acusación, solicite el sobreseimiento o bien la práctica de nuevas diligencias complementarias si así lo considera oportuno.
El magistrado sitúa el procedimiento en un posible delito contra la Corona encuadrado en el ámbito constitucional de protección a los derechos fundamentales, que colisiona en este caso con la libertad de expresión consagrada en el artículo 20 de la Carta Magna. Añade, no obstante, que el propio artículo 20 advierte que esta libertad tiene su límite en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En cuanto al secuestro de la revista, recuerda que sólo puede ser acordado "en virtud de resolución judicial".
APROVECHARON LA IMAGEN DE LOS PRÍNCIPES
En este caso, destaca como "dato objetivo a valorar", la utilización de las imágenes caricaturizadas de su Alteza Real el Príncipe de Asturias y de su esposa, que han sido utilizadas de modo "consciente, voluntario y con aprovechamiento de su proyección pública "con el fin de ironizar "en expresión de los propios autores", respecto a un proyecto gubernamental ajeno por completo a quien ha resultado caricaturizado". Añade que el dibujo resultó reforzado con el texto del chiste.
Del Olmo califica de "perfectamente legítimas y comprensibles" las manifestaciones auto-exculpatorias realizadas por los dos imputados el paso miércoles, en el sentido de que nunca pretendieron "injuriar o perjudicar" a la Corona. No obstante, insiste que la libertad de expresión viene delimitada "por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas".
El derecho al honor, derivado de la dignidad de la persona, "confiere a su titular el derecho a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo o ante los demás", de modo que la libertad de expresión o de información "no autorizan el empleo de apelativos injuriosos utilizados con fines de menosprecio, puesto que la Constitución Española no reconoce ni admite el derecho al insulto", añade. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma en los próximos 3 días.
La acusación pública renunció ayer a la posibilidad de solicitar para los humoristas penas de hasta dos años de prisión previstas en el artículo 390.3, que figuraba como indiciariamente cometido en el escrito de denuncia que dio origen a estas actuaciones, al considerar que, en este caso, la injuria que se comete contra la Corona lo es fuera del ejercicio de sus funciones institucionales.
Del Olmo ordenó el pasado viernes el secuestro del último número de la revista satírica "El Jueves", que se encontraba en los quioscos desde el pasado día 18, y en cuya portada aparece una caricatura de los Príncipes de Asturias en una situación que la Fiscalía denunció como constitutiva de un delito de injurias a la Corona, al considerar que se les representa "en actitud claramente denigrante y objetivamente infamante". Unas horas después acordó el cierre de la página 'web' de la revista.
