Un miembro del PP en Benalmádena denunció al partido por incumplir una póliza por la que pagó más de 11 millones de pesetas
MALAGA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Fuengirola (Málaga), Esperanza Brox, ha ordenado el embargo de una de las sedes del Partido Popular en Madrid situada en la calle Génova número 15 para hacer frente al pago de una deuda contraída por el partido con el miembro del PP y candidato por dicho partido en Benalmádena en las elecciones municipales de 1991, Roberto Martínez Santoyo. La deuda asciende a 113.429 euros (cerca de 19 millones de pesetas).
Los hechos juzgados se remontan al año 1991 cuando Martínez Santoyo se ofreció como candidato del PP para ser incorporado como número seis en las listas electorales a las elecciones municipales de ese año. Según la denuncia presentada en su día por la defensa de Martínez Santoyo, todos los candidatos de esa lista "se comprometieron a ingresar en la cuenta del PP la totalidad de los haberes o ingresos que, por cualquier concepto, recibieran como consecuencia de su elección como concejales del Ayuntamiento de Benalmádena, suscribiendo al efecto un documento de compromiso".
Además, en una reunión previa a la cita electoral, también acordaron, según especifica la demanda, a la que tuvo acceso Europa Press, "suscribir dos pólizas de crédito, por un importe de tres millones de pesetas cada una de ellas, firmadas con carácter solidario por los seis primeros candidatos de la lista". En el supuesto de no salir elegidos para el cargo, "el Partido Popular se haría cargo de la parte de crédito correspondiente a los no elegidos, debiendo reintegrar la suya los candidatos que si resultaran elegidos".
Dicho acuerdo se encuentra documentado en el libro de actas del partido en la reunión celebrada el 1 de abril de 1991. Quince días después se suscribieron con el Banco Urquijo dos pólizas de crédito por un importe de tres millones de pesetas cada una de ellas. Una de esas pólizas, que es la causa de la demanda, fue la suscrita por los tres candidatos Roberto Martínez Santoyo, Antonio De la Rubia Barrios y Angel Tirado Gómez con sus respectivas esposas.
FUERA DE LOS ELEGIDOS
Una vez que se celebraron las elecciones municipales sólo resultaron elegidos los tres primeros en la lista: Antonio Villena, Josefa Martín del Río y Angel Tirado. Tras la toma de posesión de los nuevos concejales, el director del Banco Urquijo convocó a los seis firmantes de las dos pólizas para intentar dar solución, como primer paso, al problema de pago de los intereses devengados hasta ese momento.
En esa reunión Angel Tirado y Josefina Martín "se negaron a hacer frente a los compromisos adquiridos, llegando incluso a retirar sus nóminas como concejales de las cuentas del partido, pasándolas a sus cuentas particulares".
Ante esta situación, la dirección del Banco Urquijo pasó el asunto a manos de su asesoría jurídica, quién realizó un requerimiento de pago a Roberto Martínez Santoyo, para que "satisficiera el importe total de la póliza por él suscrita, dado el carácter solidario de la misma".
Ante este requerimiento Roberto Martínez puso los hechos en conocimiento del que coordinaba la gestora del PP en Málaga en aquella época, Federico Souvirón, actual diputado del PP por Málaga en el Congreso de los Diputados, "quién le manifestó que tomaría cartas personalmente en el asunto".
Sin embargo, el 19 de octubre de 1998, unos siete años después, Roberto Martínez Santoyo recibió un telegrama del Banco Urquijo, concediéndole un plazo de 72 horas para hacer efectivo el importe del crédito y los intereses devengados, en total 11.127.483 pesetas, a las que tuvo que hacer frente.
COMPROMISO DEL PP
Según la demanda, Roberto Martínez Santoyo, miembro actual del PP, mantuvo "una serie de conversaciones con el Partido Popular, que se interrumpieron ante la proximidad de las elecciones de 1999". En esas conversaciones, "el PP se comprometió a pagarle el 67% del importe de la condena, que era la parte correspondiente al pago que debían efectuar los otros dos matrimonios firmantes de la póliza".
Tras un primer rechazo en primera instancia, la Audiencia Provincial de Málaga falló en favor de Roberto Martínez Santoyo. Con posterioridad el Juzgado decidió el embargo del citado inmueble propiedad del PP (31-12-02). Sin embargo, el Partido Popular interpuso un recurso de reposición asegurando que "el PP no es parte en el presente procedimiento, siendo parte el Partido Popular de Benalmádena, que tiene personalidad jurídica independiente del Partido Popular".
SOLO EXISTE UN PARTIDO POPULAR
La defensa de Roberto Martínez Santoyo impugnó el recurso de reposición, manteniendo que "el PP de Benalmádena no es una entidad jurídicamente independiente. Por disposición de los propios Estatutos que rigen el partido, el mismo y único Partido Popular se denominará en cada ámbito regional con tal nombre seguido del nombre del municipio, provincia o región que corresponda".
Asimismo, asegura que "el artículo 46 de los citados Estatutos atribuye exclusivamente la capacidad jurídica y de obrar al Partido Popular, sin distinción alguna; determinando que su patrimonio estará integrado por todos los recursos que le pertenecen a nivel nacional".
En un auto dictado el pasado 31 de mayo, la juez da la razón a la defensa de Roberto Martínez Santoyo y acuerda el embargo de la sede del PP en Madrid.
