Organizaciones se querellarán contra el expresidente del Comité Jurídico del PP de Madrid por las 'camisetas verdes'

Recortes Educación
EUROPA PRESS
Actualizado: jueves, 12 julio 2012 9:49

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas y la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas presentarán este jueves una querella criminal contra el expresidente del Comité Jurídico del PP de Madrid y actual presidente del Comité Electoral, Salvador Victoria, por la polémica de las 'camisetas verdes'.

En concreto, la querella es por calumnias e injurias a estas organizaciones que fueron acusadas de negociar con las prendas de color verde que a principios del curso pasado se convirtieron en uno de los símbolos del movimiento educativo conocido como la 'marea verde' contra los recortes en la materia.

Los hechos se remontan al Pleno de la Asamblea de Madrid del 6 de octubre de 2011, cuando la presidenta regional, Esperanza Aguirre, acusó a los referidos colectivos de hacer negocio con la venta de las camisetas verdes que llevan el lema 'Escuela pública de todos y para todos.

Por todo ello, las organizaciones presentaron una demanda de conciliación previa a una querella por calumnias, injurias y difamación contra Esperanza Aguirre, Salvador Vitoria y Lucía Figar que, a juicio de las asociaciones, quisieron levantar una "cortina de humo" con sus declaraciones atacando la difusión de camisetas verdes.

El acto de conciliación tenía que celebrarse el pasado 16 de abril. Allí, Victoria pidió a las asociaciones que confeccionaron y vendieron las denominadas 'camisetas verdes' que aportaran ante el juez pruebas que justifiquen que cumplen sus obligaciones contables y fiscales. Posteriormente, las organizaciones decidieron seguir adelante con la querella.

Previamente, el PP de Madrid ya había denunciado en noviembre ante la Agencia Tributaria a las tres entidades que comercializan las camisetas de la 'marea verde' por un presunto fraude fiscal. Argumentaba que como mínimo habían conseguido 51.000 euros por dicha venta pero no se han pagado impuestos.