VITORIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento vasco aprobó hoy, con el apoyo del PSE y el PP, una iniciativa a través de la que insta a los gobiernos autonómico y central a "priorizar", en el marco de la negociación de las transferencias pendientes, el traspaso de los servicios sociales, la educación y la sanidad de las prisiones de Euskadi.
El pleno de la Cámara autonómica realizó este llamamiento una semana después de que la consejera de Justicia, Idoia Mendia, afirmara ante el propio Legislativo que el traspaso de la competencia sanitaria y educativa de las cárceles "sólo está pendiente de poner la fecha". Además, aseguró que el Gobierno vasco no ha renunciado a la transferencia íntegra de las competencias de prisiones.
La iniciativa aprobada hoy por el Parlamento es un texto consensuado entre socialistas y 'populares' a partir de una proposición no de ley original del PSE referida a los trabajos para la construcción de un nueva cárcel en la localidad alavesa de Iruña de Oca.
Las obras de la nueva prisión ya se han iniciado, aunque el Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre la paralización cautelar reclamada por la Diputación de Álava por el impacto ambiental del centro.
El texto debatido en la Cámara consta de cuatro puntos, que fueron votados en dos bloques diferenciados. En el primero punto, el Parlamento muestra su "respeto" a las actuaciones judiciales y subraya que "han de ser los tribunales los que se pronuncien sobre la legalidad" de la construcción del nuevo centro penitenciario.
CLAUSURAR LA VIEJA CÁRCEL
En el segundo punto, se insta a los ejecutivos vasco y central a que "en el marco del desarrollo estatutario y en la negociación de transferencias pendientes, den prioridad a la transferencia de las materias de educación, régimen sanitario y servicios sociales" de las cárceles de Euskadi. De esa forma, se pretende "mejorar las condiciones de vida y salud" de los presos, así como facilitar su reinserción social.
La Cámara, además, emplaza al Gobierno central a que, una vez abierta la nueva cárcel, clausure la prisión actual ubicada en Nanclares de la Oca. Este punto, junto con los dos anteriores, fue apoyado por socialistas y 'populares'.
El tercer apartado de la iniciativa insta a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias a que autorice la visita de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco a la cárcel actual de Nanclares de la Oca, con el fin de que sus miembros conozcan el estado del recinto y las condiciones de vida de los reclusos. Este punto recibió el voto a favor del PSE, el PP y el PNV.
